La Fiscalía solicita 22 años de prisión por el delito de asesinato con alevosía para el marido de Mercedes, la mujer que el 13 de octubre de 2020 fue hallada sin vida en su domicilio del Parque de Los Lirios en Logroño. El Ministerio Público contempla en su calificación provisional la agravante de parentesco y la agravante de “cometer el hecho por razón de género”.
Además, el fiscal, en sus conclusiones provisionales, pide 10 años de libertad vigilada para el acusado una vez cumpla la condena. En concepto de responsabilidad civil solicita una indemnización de 50.000 euros para el hijo de ambos y 10.000 euros para cada uno de los ocho hermanos de la víctima.
Los hechos se juzgarán por el Tribunal del Jurado entre los días 20 y el 31 del próximo mes de octubre en la Audiencia Provincial. El Jurado se constituirá el 17 de octubre.
Según el relato del fiscal, el acusado A.E.M. viajó el 11 de octubre de 2020 a la localidad burgalesa de Gumiel de Mercado para ayudar en las labores de vendimia a su hijo. La madrugada del 13 de octubre regresó a su domicilio situado en el Parque de Los Lirios en Logroño que compartía con su esposa Mercedes de 56 años de edad.
Una vez en el domicilio mantuvo una discusión con Mercedes al conocer su decisión firme de poner fin a su matrimonio. Fue entonces, según el fiscal, cuando el acusado, movido “por el sentimiento de posesión sobre la misma y con la intención de acabar con su vida, la atacó de forma sorpresiva con un arma blanca de tipo cortopunzante” en tórax y abdomen causándole la muerte.
Después, según la Fiscalía, volvió a Gumiel de Mercado donde llegó a primera hora de la mañana del 13 de octubre.
Aunque finalmente el caso fue tipificado como violencia machista, desde el inicio surgieron contradicciones en torno a su naturaleza. La investigación del crimen de Logroño se prolongó durante meses y la Policía no descartó la hipótesis del suicidio hasta cuatro meses después de los hechos.
La falta de información pública hasta noviembre de 2021 generó dudas sobre por qué no se había comunicado antes y sobre la disparidad de criterios entre la Policía y la Justicia. Esta diferencia afectaba a un punto clave: si el suceso debía considerarse o no violencia de género.
Las discrepancias se explican en parte por el distinto tratamiento que cada ámbito —policial, judicial y estadístico— otorga a este tipo de casos. El registro oficial de violencia de género no es inmediato, sino que se actualiza una vez avanza el procedimiento judicial y se confirma la calificación definitiva.
