La empresa Ociosport, encargada de gestionar instalaciones deportivas y otros servicios municipales en varias localidades, se encuentra en el ojo del huracán desde hace unas semanas tras dejar de pagar los salarios de sus trabajadores. La situación ha provocado el cierre de algunas instalaciones y la baja de algunos de los trabajadores que están complicando seguir con otros abiertos. Después de que algunos Ayuntamientos navarros como el de Tudela decidiesen llevar a cabo la rescisión de los contratos con la firma riojana, ahora son los Consistorios riojanos los que empiezan a tomar cartas en el asunto.
En Lardero, donde los trabajadores llevan más de dos meses sin cobrar, la empresa ha perdido la adjudicación del nuevo contrato de gestión del complejo deportivo Aqualar. A pesar de haber sido inicialmente propuesta para continuar con el servicio, no ha presentado la documentación requerida para acreditar la liquidación de sus deudas, por lo que el Ayuntamiento ha iniciado los trámites para firmar el contrato con la segunda empresa en la licitación, JIG, que ofertó 577.605,60 euros anuales.
Además, el Ayuntamiento de Lardero está tramitando la rescisión del contrato del hogar del jubilado, actualmente prorrogado hasta agosto por un importe de 78.650 euros anuales, con el objetivo de redactar un nuevo pliego de condiciones.
La situación en Aqualar se ha vuelto insostenible. Este martes se cumplían dos semanas del cierre de sus piscinas climatizadas en Lardero debido a la falta de personal. De los diecisiete empleados que gestionan Aqualar y el hogar del jubilado, al menos ocho están de baja por motivos psicológicos relacionados con la crisis económica de la empresa.
El problema de los impagos no se limita a Lardero. En Haro, el Ayuntamiento ha iniciado el expediente de resolución del contrato con Ociosport por el incumplimiento de la obligación de pagar a sus trabajadores. Los afectados son los empleados de los complejos deportivos El Ferial y El Mazo, que no han cobrado desde mediados de febrero.
Por su parte, el Ayuntamiento de Logroño ha dado a la empresa un plazo de cinco días para cumplir con sus obligaciones contractuales antes de tomar la decisión de rescindir los contratos que mantiene con la empresa para la gestión de La Gota de Leche, La Atalaya y el centro Julio Luis Fernández Sevilla (sede de la Universidad Popular de Logroño). Fuentes municipales han asegurado que la prioridad es que los servicios no se interrumpan en ninguna de las tres instalaciones afectadas. “La intención es que el servicio continúe, pero hay que hacer las cosas bien para evitar problemas futuros”, han señalado.
Mientras los ayuntamientos intentan dar con la mejor solución al problema, los trabajadores siguen en una situación de incertidumbre. La empresa sigue sin dar explicaciones y los empleados no tienen garantías de cobrar ni salarios pendientes ni los futuros si siguen en pie los contratos con los Ayuntamientos.
