El concejal del PR+ de Logroño, Rubén Antoñanzas, ha avanzado este jueves que solicitará una comisión de investigación para «esclarecer las dudas que rodean a la modificación del contrato del Plan General Municipal”, dado que «ha habido procedimientos que no han estado suficientemente motivados” y sobre los que el Gobierno local del PP «debe ofrecer explicaciones”.
Antoñanzas, en un encuentro informativo, se ha referido a las dudas que ha producido el procedimiento que ha culminado con la modificación del contrato para la revisión del Plan General Municipal, adjudicado a Ezquiaga, Arquitectura, Sociedad y Territorio S.L., «empresa que fue sancionada por el Ayuntamiento de Logroño y que había incumplido el anterior contrato».
El portavoz regionalista planteará la creación de esta comisión en el pleno que el Ayuntamiento celebrará el próximo día 10, con el deseo de que sea respaldada por el PP para que “tenga, de nuevo, la oportunidad de aclarar un procedimiento que consideramos opaco”.
“No podemos olvidar que la presidenta del pleno -Leonor González Menorca-, en una decisión sin precedentes, se negó a incorporar en el orden del día la petición de comparecencia que hizo el PR+ en agosto”, ha indicado Antoñanzas.
Para él, “ha habido procedimientos que no han estado suficientemente motivados” y que “el alcalde de Logroño -Conrado Escobar- debe ofrecer explicaciones para borrar cualquier duda en torno a este proceso”.
Ha incidido en lo que afecta a la participación de Ezquiaga en un acto de precampaña de Conrado Escobar tres meses antes de las elecciones municipales, a la reconversión en urbanizables de unos terrenos agrícolas en el norte de Logroño y al cambio de criterio parte del Ayuntamiento de Logroño con el contrato.
Muchas dudas
«Nos genera muchas dudas todo este proceso. No entendemos por qué el alcalde encarga a Ezquiaga un contrato que había incumplido», según Antoñanzas, para quien Escobar debe explicar «si todos los pasos que se han dado en este último año tenían como fin mantenerlo para que pudiera cobrar 375.000 euros, pese a los incumplimientos y la mala praxis denunciada por los técnicos”.
Se ha referido a que, para poder recalificar los terrenos de la zona norte de la ciudad y mantener el contrato, había que cambiar los criterios de revisión del Plan General Municipal, que se aprobaron por unanimidad en 2021, con el voto a favor también de Escobar; y a que, en agosto de este año, han pasado a ser aprobados únicamente con la mayoría absoluta del PP.
Ha incidido en que esta comisión de investigación debe aclararse el motivo por el que se incluyó como urbanizable el entorno del Monte El Corvo y si el grupo de trabajo que se constituyó para revisar los criterios del Plan General fue a consecuencia de la carta que un mes antes el contratista envió al alcalde para manifestarle su “voluntad de cumplir la misión encomendada”.
También confía en que el Ejecutivo municipal pueda acreditar la participación ciudadana que motivó la constitución de este grupo de trabajo y que permitió justificar el cambio de criterios. “En el acta que tenemos de la primera reunión estuvieron el alcalde, los arquitectos y los constructores; no apreciamos esa participación social de la que presume del Gobierno”, ha puntualizado el concejal del PR+.
El Grupo Municipal del PR+ confía en que el Gobierno local permita la constitución de esta comisión para que «pueda explicar si los ceses que acordó este verano en la Unidad de Urbanismo guardan relación con los informes en los que se solicitaba la rescisión del contrato con Ezquiaga».
Ha defendido que “queda demostrado que Ezquiaga ha incumplido, que ha sido sancionado por el Ayuntamiento, que los técnicos que pedían que no siguiese trabajando para Logroño han sido cesados y que con los nuevos nombramientos ha habido un cambio de 180 grados”.
También ha señalado que se trata de un contrato de «elevado» coste, 375.000 euros, y de un tema «muy sensible», ya que definirá los usos de los terrenos del municipio en las próximas décadas.
«Ha llegado el momento de analizar e investigar cómo ha sido todo el procedimiento para depurar responsabilidades, en caso necesario”, ha subrayado.
