La concejal del PSOE de Calahorra Chelo Fernández ha acudido este jueves a la Guardia Civil para tramitar una denuncia contra el alcalde de la localidad, Luis Martínez Portillo, por «amenazas» y «coacción» ocurridas este miércoles por la mañana en el despacho de Alcaldía, según la versión de la demandante.
Fernández relata que el primer edil calagurritano y la concejal de Servicios Sociales, María José Torrecilla, mantuvieron una reunión con ella y otra concejal socialista, Carmen Vea, «con la intención de coaccionarlas y amenazarlas». «Con esta acción ha traspasado todos los límites posibles, los concejales y concejalas socialistas tenemos un elevado sentido de la justicia por lo que hemos considerado que no quedaba otro remedio que solicitar el amparo de la justicia ante este comportamiento mafioso del alcalde», han señalado desde el PSOE de Calahorra.
En una nota enviada por los socialistas, se señala que «Luis Martínez Portillo ha llegado a urdir una falsa denuncia» contra Chelo Fernández «como parte de su campaña mediática de desprestigio contra ella», además de «amenazarla con crear ‘un circo político’ si la concejal socialista no dimite o logra que el PSOE deje de realizar su labor de oposición». «Y podemos probar su falsedad sin problemas», han añadido.
Esa supuesta falsa denuncia de la que hablan los socialistas es «una suplantación en una llamada telefónica» la personalidad de la citada concejal de Servicios Sociales, María José Torrecilla, presente en la reunión a cuatro bandas, según ha señalado el PP de Calahorra, quien ha negado cualquier tipo de amenaza sobre las concejales del PSOE y ha exhibido un documento de una ex trabajadora de servicios sociales del Ayuntamiento calagurritano que dice lo siguiente: «Por el presente escrito quiero poner en conocimiento de mis superiores que el día 22 de diciembre de 2015 recibí una llamada desde un número de teléfono en la que una voz femenina se identificó como la concejal de Servicios Sociales, María José Torrecilla, del Partido Popular, para preguntarme cuestiones relativas a mi puesto de trabajo».
«Me quedé preocupada por el contenido de la conversación y al día siguiente a esta llamada me puse en contacto con Servicios Sociales para hablar de nuevo con la concejala sobre los asuntos tratados el día anterior pero. Ante mi sorpresa -sigue diciendo el escrito- y al poder hablar cara a cara con la concejala, me di cuenta de que no era la misma voz que la de la llamada y me confirmó que ella no había realizado llamada alguna a mi teléfono», prosigue el escrito.
Este finaliza indicando que deja constancia del caso: «Ante la gravedad de los hechos y mi preocupación por haber mantenido una conversación sobre hechos relativos a mi trabajo en el Ayuntamiento con una persona extraña y ajena al mismo».
«Se trata de una amenaza indecente y desmedida que traspasa todos los límites y que no podemos tolerar», han indicado los socialistas, para apuntar que «Calahorra no puede ser gobernada por un alcalde que utiliza la amenaza y la mentira como forma de tratar de callar y tener a la oposición controlada». «Confiamos en que la justicia ampare el derecho al honor de Chelo Fernández injustamente pisoteado por el PP de Calahorra y que Luis Martínez Portillo y su equipo aprendan de una vez que en estos tiempos no se puede recurrir al juego sucio para salirse con la suya», han concluido desde el PSOE.
EL CASO FERNÁNDEZ
Hace un par de semanas, el Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Calahorra se sumó a la petición emitida por el PP para que la citada concejal Chelo Fernández presentara su dimisión como edil, tras conocerse que una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja había ratificado su despido disciplinario como coordinadora de Cáritas en La Rioja por haber autorizado la instalación de programas espías en ordenadores de algunos de sus compañeros.
El PP manifestó en su momento que «una persona que dedica su tiempo a espiar a sus compañeros de trabajo, aprovechándose de su superioridad jerárquica, no es digna de pertenecer a la Corporación municipal de Calahorra», al tiempo que el Equipo de Gobierno afirmaba que «los ciudadanos de Calahorra no se merecen tener un representante político que ha cometido hechos muy graves» y señalaba no entender «a qué espera el PSOE para reprobar a su concejala y exigirle su dimisión».
