Lo que plantea la carta de Jesús José Jiménez no son «datos y rigor»; es repetir un marco ideológico muy concreto disfrazado de sentido común. No existe evidencia sólida de que la inmigración “empobrezca” estructuralmente a la sociedad receptora; de hecho, la mayoría de estudios económicos en países europeos muestran impactos neutros o ligeramente positivos en crecimiento, cotizaciones y sostenibilidad demográfica.
Atribuir la bajada de salarios a personas migrantes sin contrato es ignorar quién fija las condiciones laborales: los empleadores y el marco regulatorio. Si hay precariedad, el problema es la explotación y la falta de inspección, no la nacionalidad del trabajador explotado. Señalar al eslabón más débil nunca ha sido análisis económico serio.
Tampoco es honesto hablar de «saturación» de servicios sin mencionar que la presión sobre sanidad, vivienda o educación viene de años de infrafinanciación y políticas públicas insuficientes. Culpar a quien llega es más sencillo que cuestionar decisiones estructurales.
Y, por último, insistir en que «no es racismo» no convierte automáticamente el discurso en neutral. Cuando se construye un relato donde el problema son “los que llegan sin formación ni idioma”, se está señalando a colectivos concretos como amenaza. Eso también forma parte del debate, aunque incomode.
Si queremos rigor, hablemos de datos completos, de mercado laboral real, de demografía y de derechos humanos. Lo demás es ideología, aunque se presente como experiencia acumulada.
Muy atentamente,
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