El Gobierno central ha declarado este martes como un episodio de emergencia de protección civil el derrumbe parcial de dos vivienda en Cenicero el pasado diciembre, en el que no se registraron daños personales.
El 21 de diciembre de 2025 se produjo la caída parcial de una vivienda, lo que provocó el desalojo preventivo inicial de 16 viviendas, a las que se sumaron dos más después. Dos días después, el 23, se registro el derrumbe total de dos de las viviendas, sin daños personales, mientras que las dos anexas sufrieron diferentes afecciones.
Además, el Gobierno ha declarado zonas afectadas por una emergencia de protección civil los territorios golpeados por un total de 76 episodios catastróficos, en 14 comunidades autónomas y en la ciudad de Ceuta, debido, en su mayor parte, a las sucesivas borrascas que han azotado España entre el pasado 10 de noviembre y el 9 de febrero de 2026.
Esta declaración, a propuesta del Ministerio del Interior, se produce «por los fenómenos meteorológicos adversos y otros sucesos de protección civil de diversa naturaleza que han ocasionado incidencias relevantes en personas, bienes, infraestructuras y servicios esenciales, alterando de forma significativa la normalidad en las zonas afectadas».
Este periodo, añade la nota, ha estado marcado por una persistente inestabilidad atmosférica caracterizada por la sucesión de «lluvias intensas, viento fuerte, nevadas, descensos térmicos y fenómenos costeros, en ocasiones asociados a borrascas de impacto significativo».
Las comunidades donde se encuentran estas zonas afectadas por estos 76 episodios catastróficos son: Andalucía, Extremadura, Galicia Valencia, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Baleares, Cataluña, Aragón, Asturias, Murcia, Cantabria, La Rioja y Madrid.
Entre finales de 2025 y febrero de 2026, España ha soportado varias borrascas de gran intensidad como «Emilia», Fráncis», «Harry», «Ingrid», «Joseph», «Kristin», «Leonardo» y «Marta», la más reciente. La nota añade que ya hay una serie de ayudas que los damnificados pueden solicitar y que irán dirigidas a paliar daños personales y daños materiales en vivienda y enseres.
También podrán beneficiarse de estas ayudas «corporaciones locales establecimientos industriales, mercantiles y de servicios, así como a subvencionar a personas físicas o jurídicas que hayan realizado prestaciones personales y de bienes para responder a las consecuencias de la emergencia».
No obstante, esta declaración de zona catastrófica abre además la puerta a que otros departamentos del Gobierno habiliten ayudas propias, tales como beneficios fiscales, por parte de Hacienda, y medidas laborales, por parte de Seguridad Social y Trabajo, entre otras.
El Gobierno también puede prestar ayudas a las corporaciones locales y atender daños en infraestructuras públicas en el ámbito de cada ministerio. «Una vez que la Administración General del Estado disponga de una evaluación de los daños producidos, en colaboración con el resto de las administraciones autonómicas y locales, este acuerdo podrá completarse con la adopción de otras medidas que se consideren procedentes y complementarias a las adoptadas por las administraciones territoriales en el ámbito de sus competencias en materia de protección civil», señala.
