El Parlamento Europeo ha remitido este miércoles el acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para que la corte comunitaria revise si es compatible con los tratados de la UE, lo cual de manera efectiva paraliza su tramitación hasta que los jueces dicten su opinión.
Por 334 votos a favor, 324 en contra y once abstenciones, el Parlamento Europeo ha dado luz verde a una moción que cuestiona si el acuerdo con el Mercosur, recién firmado este fin de semana tras más de un cuarto de siglo de negociaciones, respeta los tratados de la Unión Europea.
Sobre la mesa está la validez legal del mecanismo de reequilibrio que incluye el pacto, que varios diputados temen que pueda afectar a la autonomía regulatoria de la UE, y también la base legal elegida para su aprobación, que permite que los capítulos del acuerdo centrados en comercio puedan ratificarse sin el consentimiento de los parlamentos nacionales.
Según el TJUE, este tipo de opiniones tardan de media entre 18 y 24 meses en ser pronunciadas, si bien la corte «tiene el control total» sobre los procedimientos y «puede, cuando las circunstancias lo requieran, dar prioridad a una solicitud de opinión en la práctica».
Diferentes voces dentro del Parlamento Europeo habían avisado en la víspera de que se trataría de un voto muy ajustado y habían advertido en contra de retrasar la ratificación del acuerdo con el envío de su texto al TJUE, especialmente ante las amenazas arancelarias de Donald Trump por el envío de tropas a Groenlandia por parte de ocho países europeos.
Protestas en marcha
Pese al frenazo al acuerdo, las principales organizaciones agrarias han confirmado que mantendrán las protestas anunciadas para la semana que viene. Según la organización agraria Asaja, el Parlamento Europeo «ha escuchado» a los agricultores y ganaderos, y ha apoyado que se investigue y haya una resolución vinculante por parte del TJUE para «clarificar la naturaleza del acuerdo de Mercosur».
En declaraciones a Efeagro, el director de la oficina de Asaja en Bruselas, José María Castilla, ha destacado que las manifestaciones se mantienen y no cambian porque es «más importante el recorte de la Política Agraria Común (PAC) en un momento real de máxima tensión geopolítica». Además, ha pedido al Gobierno español que también «lidere un rechazo al acuerdo de Mercosur y exija modificaciones reales desde ya».
El responsable del área de Tratados de Libre Comercio de COAG, Andrés Góngora, ha considerado que la decisión de la Eurocámara «demuestra» que la «presión» en la calle y las «gestiones en los despachos están dando sus frutos». «Hemos convencido a una mayoría del Parlamento Europeo para cuestionar un acuerdo que es dañino para el sector agrario europeo», por lo que «celebramos» la decisión adoptada por la Eurocámara, ha apuntado.
No obstante, su organización es partidaria de «seguir peleando» para que este acuerdo «se paralice definitivamente» y por eso mantendrán las movilizaciones que se extenderán por diferentes puntos del país la próxima semana.
Desde la Unión de Pequeños Agricultores (UPA), un portavoz ha indicado que continuarán el calendario de movilizaciones previsto, ya que estas servirán para reclamar precios justos en el campo y una PAC con financiación suficiente y estructura propia.
«Seguiremos presionando y la presión de nuestros productores ahora es aún más importante. Ni qué decir tiene que mantenemos todo nuestro calendario de manifestaciones y concentraciones», ha asegurado la Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos en un comunicado.
Esta organización ha celebrado la paralización del pacto UE-Mercosur y ha expresado su confianza en que este sea el «primer paso» para frenarlo del todo.
