El Gobierno de La Rioja vigilará y analizará el funcionamiento del centro de autismo Leo Kanner de Logroño (cuya titularidad corresponde al Ejecutivo y que está gestionado por la Asociación Riojana para el Autismo -ARPA-) tras conocerse recientemente una sentencia por la agresión y vejación a una usuaria, ocurrida en 2023, por parte de dos antiguos trabajadores.
Así lo ha indicado el portavoz del Ejecutivo riojano, Alfonso Domínguez, al ser preguntado por esa sentencia del Juzgado de lo Penal número 3 de Logroño (los trabajadores deberán cumplir un año y medio de prisión, quedan inhabilitados para trabajar con personas con discapacidad y deberán indemnizar con 12.000 euros a la víctima. La sentencia también declara a ARPA Autismo responsable civil subsidiaria en calidad de entidad ‘in vigilando’).
El periódico El Día de La Rioja publica este miércoles que tanto la Junta Directiva de Arpa, como la dirección general de Servicios Sociales fueron conscientes de que en el centro Leo Kanner de Logroño se habían producido «infracciones de carácter muy grave» en noviembre de 2022. «Nada tuvieron que ver aquéllos hechos con la sentencia, pero sí fue el punto de partida para mantener cierto tono de vigilancia».
Domínguez ha explicado que se trata de un servicio que se presta a través de un contrato público del Gobierno de La Rioja con una entidad, que es la que tiene la responsabilidad de la gestión del centro. En el ejercicio de la responsabilidad de ese contrato público es donde se ha producido esa condena, que «el Gobierno de La Rioja analizará y tendrá muy en cuenta a la hora de vigilar el funcionamiento del centro», ha añadido.
«Poco más podemos decir al respecto», ha precisado, porque es «una condena que tiene que ver con trabajadores de una entidad que tiene licitado ese contrato por parte del Gobierno de La Rioja».
También ha afirmado que la contratación pública tiene los mecanismos de control y vigilancia en este tipo de servicios públicos que se prestan y, «cuando hay hechos que son constitutivos de delito o presuntamente constitutivos de delito, la prioridad la tiene la jurisdicción penal, la que ha establecido la condena y sobre estos hechos ya se han pronunciado los tribunales españoles».
Desde el punto de vista de la prestación de servicio público, ha añadido que el Gobierno de La Rioja, como con todos los servicios públicos, hace un exhaustivo control y cumplimiento de las prescripciones de los contratos y de la regulación que hay vigente en cada momento.
El Comité de Empresa de ARPA ha reconocido el momento «difícil» que atraviesa la organización y asegura que ha querido hablar «desde el corazón» ante la preocupación generada por los hechos y el proceso judicial. La entidad subraya que su compromiso con las personas con autismo es «absoluto» y que su trabajo se fundamenta en el respeto, el cariño y la búsqueda permanente del bienestar, la dignidad y la seguridad de los usuarios del centro Leo Kanner.
También recuerda que detrás de las siglas de ARPA hay un equipo de profesionales «que cada día da lo mejor de sí», mujeres y hombres que desempeñan su labor «con vocación, entrega y profunda responsabilidad». El Comité de Empresa, en nombre de la plantilla, rechaza «con firmeza» cualquier conducta que vulnere derechos o dañe a las personas atendidas y mantiene una posición de «tolerancia cero» ante cualquier forma de abuso, maltrato o negligencia.
