El Parador de Calahorra ha acogido una conferencia de Helena de Miguel, jefa de Servicio de la Dirección General de Calidad y Sostenibilidad Alimentaria del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), sobre la nueva Ley 1/2025 de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario. Su intervención, enmarcada en una jornada organizada por Cajamar, la Federación de Empresas de La Rioja (FER) y NueveCuatroUno, ha puesto el acento en un mensaje claro: «El producto más caro es el que se tira».
Durante su charla, De Miguel ha insistido en que el desperdicio alimentario es un problema de gran magnitud que afecta tanto a los hogares como a las empresas y que «todos podemos evitar con pequeños gestos». Ha señalado que, más allá de una cuestión económica, se trata de un asunto ético, social y medioambiental. «Tenemos que cuidar lo que nos cuesta producir y ser conscientes del valor que hay detrás de cada alimento», ha recalcado.
La representante del MAPA ha explicado que esta ley marca un antes y un después en la gestión de los excedentes alimentarios, al pasar «de la voluntariedad a la obligatoriedad». «Las empresas llevan tiempo preocupadas por este tema. Ahora cuentan con una herramienta legal que les obliga a actuar y a justificar cómo previenen el desperdicio», ha añadido. En los últimos años, el Ministerio ha promovido varias campañas de sensibilización, entre ellas ‘Aquí no se tira nada’, pero, según ha apuntado, «faltaba una norma que diera continuidad y coherencia a esa estrategia».
Helena de Miguel ha detallado que la Ley 1/2025 afecta a toda la cadena alimentaria, desde la producción y distribución hasta la hostelería y los consumidores finales. Su eje principal es una jerarquía de prioridades que obliga a las empresas a aplicar medidas preventivas para evitar la generación de excedentes. En caso de que estos se produzcan, deberán optar por su transformación (por ejemplo, frutas que pueden convertirse en zumos), donación a entidades sociales, uso en alimentación animal o generación de compost.
«Cada empresa tiene que adaptar esa jerarquía a su realidad, justificar cómo la aplica y elaborar un plan de prevención», ha explicado De Miguel. Este plan interno deberá incluir un autodiagnóstico que identifique los puntos donde se generan pérdidas, proponga mejoras y promueva la reflexión sobre cómo evitar el despilfarro. Además, ha subrayado que la ley será proporcional al tamaño de la empresa, aunque con la misma exigencia de compromiso.
Prevención, formación y coordinación
Otro de los pilares fundamentales de la ley, según De Miguel, es la formación. Tanto las empresas como las administraciones públicas tendrán la obligación de desarrollar acciones de sensibilización, coordinar iniciativas y ofrecer apoyo técnico. En el caso de los servicios de restauración y catering, los contratos deberán incluir cláusulas de buenas prácticas que fomenten raciones más pequeñas, menús flexibles o la venta de productos «imperfectos» para reducir el desperdicio.
La experta dedicó parte de su intervención a hablar del etiquetado de los alimentos, un asunto que también preocupa en la Unión Europea. «Debemos mejorar la interpretación de las fechas de caducidad y consumo preferente. No todo lo que pasa de esa fecha está en mal estado», ha explicado, recordando que gran parte del desperdicio doméstico proviene de esta confusión.
La ley contempla un régimen sancionador para asegurar su cumplimiento: las faltas leves serán no aplicar la jerarquía o impedir donaciones, mientras que las graves se impondrán a quienes no cuenten con un plan de prevención. «El objetivo no es sancionar, sino generar conciencia y medir los avances reales», ha matizado.
Según los datos del Ministerio, desde 2020 el desperdicio alimentario en España se ha reducido un 20 por ciento, aunque todavía queda mucho por hacer. De Miguel ha cerrado su intervención con un mensaje de esperanza: «Estamos en el camino correcto, pero la clave está en la prevención, la formación y el conocimiento. Si entendemos el valor de los alimentos, los cuidaremos más».
