La ministra de Sanidad, Mónica García, ha presentado este martes al Consejo de Ministros un informe sobre la situación de los abortos practicados en la sanidad pública en los últimos años que, aunque han ido subiendo, siguen siendo una minoría respecto a los realizados en la privada, con grandes diferencias por comunidades. En La Rioja, interrumpir un embarazo no deja de ser un derecho reconocido y garantizado por la sanidad pública, aunque con limitaciones.
Según los datos del Ministerio correspondientes a 2024, en La Rioja el 76,11 por ciento de las interrupciones voluntarias se realizaron en centros públicos y el 23,88 por ciento en privados. En el conjunto de España, el porcentaje es justamente el contrario: 78,74 por ciento lo hicieron en los centros privados.
Pero más allá de los números, persisten las limitaciones estructurales. En La Rioja existen dos métodos para interrumpir un embarazo: el farmacológico, hasta la semana nueve, y el instrumental o quirúrgico, hasta la semana catorce. Ambos deberían poder realizarse dentro del sistema público, pero en la práctica no sucede así. La mayoría de las intervenciones quirúrgicas (todas las que son voluntarias) se derivan a clínicas concertadas en Pamplona o Zaragoza, debido a la objeción de conciencia médica.
Buena parte del personal sanitario riojano está adscrito a este derecho, que les permite negarse a realizar abortos por motivos éticos o religiosos. Algunos son objetores totales (rechazan ambos métodos), y otros parciales, que sí practican los farmacológicos pero no los instrumentales. Esto provoca que, aunque La Rioja aparezca entre las comunidades con mayor peso de la sanidad pública en las estadísticas, en realidad buena parte de las interrupciones quirúrgicas se realizan fuera del territorio autonómico.
Durante 2024 se practicaron en La Rioja 494 interrupciones, un 10,7 por ciento más que el año anterior. De ellas, 63 correspondieron a mujeres de entre 15 y 19 años, 122 tenían entre 20 y 24, y la mayoría se concentró en el rango de 25 a 34 años, lo que refleja el perfil habitual: mujeres en edad laboral y, en muchos casos, con estudios medios o superiores. En conjunto, la edad media de las mujeres riojanas que han interrumpido su embarazo desde 2011 se sitúa en 28,6 años, una cifra estable que apenas varía según nacionalidad o nivel educativo.
El estudio elaborado por el Ministerio y los datos del sistema riojano permiten trazar una radiografía social bastante clara. La mayoría de las mujeres que han abortado entre 2011 y 2024 vive en pareja, tiene formación secundaria, trabaja por cuenta ajena y dispone de ingresos propios. Solo entre la población de origen marroquí este último porcentaje desciende al 42 por ciento. En total, desde 2011 se han registrado 5.555 interrupciones voluntarias en la comunidad, con un promedio anual de 394 y un dato que está aumentando desde que en 2020 se registrase el pico más bajo con 316 aunque sin llegar a las 527 intervenciones realizadas en 2011.
El Centro de Atención Sexual y Reproductiva ‘La Casita’, en el Hospital General de La Rioja, es la puerta de entrada al sistema. Allí se ofrece información sobre los procedimientos, se orienta a las pacientes y se gestionan las derivaciones. Los tiempos de espera rara vez superan la semana, pero pueden variar según la saturación del servicio.
