El Consejo de Gobierno de La Rioja ha aprobado este martes una declaración institucional de situación administrativa de emergencia migratoria que permitirá planificar una serie de medidas urgentes para responder con máxima agilidad a esta coyuntura y evitar la saturación del sistema público riojano de protección de menores. En concreto, el Ejecutivo autonómico, en colaboración con el tercer sector y otras instituciones, dotará de «forma, agilidad y responsabilidad» la llegada de menores migrantes no acompañados en situación de vulnerabilidad desde otras regiones.
El portavoz del Gobierno de La Rioja, Alfonso Domínguez, ha enfatizado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que «La Rioja es una tierra solidaria, que sabe estar a la altura en los momentos difíciles. Esta declaración nos permite actuar con responsabilidad, humanidad y celeridad para proteger a quienes más lo necesitan».
Esta decisión responde al nuevo marco legal aprobado por el Gobierno de España a través de un Real Decreto que fija la capacidad ordinaria de acogida y tutela de menores extranjeros no acompañados en función de la población de cada Comunidad y Ciudad autónoma, que regula la actuación de las comunidades autónomas ante contingencias migratorias extraordinarias, con el objetivo de garantizar el interés superior de la infancia y la adolescencia.
Según los cálculos del Gobierno de España, La Rioja deberá acoger a 205 menores no acompañados, una cifra que «excede sobradamente la capacidad y los medios de los que dispone actualmente nuestra comunidad».
En la actualidad, la región atiende a 16 menores en esta situación, y «dispone de una capacidad total que hemos incrementado hasta las 153 plazas, con un grado de ocupación que oscila en función de la demanda y que ronda en la actualidad el 90-95 por ciento», ha explicado Domínguez.
La Rioja, «comprometida con los valores de solidaridad y justicia social», se encuentra «al límite de su capacidad de acogida, pero reafirma su voluntad de cumplir, dentro de los medios y capacidades disponibles, con su responsabilidad, ofreciendo una respuesta ágil, coordinada y centrada en la protección de los menores».
El acuerdo aprobado este martes permite a la Administración autonómica implementar una serie de mecanismos para dar respuesta «con mayor celeridad» a una emergencia migratoria. Una decisión «necesaria, dado que el sistema no es capaz de responder, con los tiempos ordinarios de tramitación y gestión habituales por parte de la Administración, a un proceso de asignación de menores no acompañados a las comunidades autónomas decretado por el Gobierno de España».
La declaración de emergencia migratoria permitirá al Ejecutivo riojano poner en marcha, entre otras, las siguientes actuaciones que se irán activando en función de las necesidades que se presenten:
– Contratación de emergencia para agilizar la provisión de alojamiento, alimentación y atención médica.
– Financiación específica para habilitar nuevas plazas adaptadas a las necesidades de los menores.
– Refuerzo de equipos técnicos con profesionales especializados en atención social, psicológica y educativa.
– Recursos para la determinación de edad, garantizando procesos rápidos y respetuosos.
– Agilización de trámites en los procedimientos de acogimiento familiar en todas sus modalidades.
– Nuevos modelos de acogida que acompañen a los menores hasta su emancipación, con seguimiento especializado.
– Figuras de apoyo como el apadrinamiento, para fortalecer el vínculo comunitario y la integración.
«En el último año, y dentro de nuestras capacidades, La Rioja ha reforzado su compromiso con la protección y atención a los menores, acogiéndolos de una manera adecuada, con plena integración y cohesión social, aumentando en un 12 por ciento el número de plazas para su acogida», ha explicado el portavoz del Gobierno autonómico.
