La Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios (FSS) de CCOO ha denunciado ante el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja (TSJR) la «imposición» del decreto que supone «un retroceso en los derechos y la calidad asistencial en las residencias de mayores».
En una nota, ha rechazado este jueves el contenido del reciente Decreto 12/2025 sobre personal y ratios en residencias de mayores de la comunidad riojana y ha exigido su «inmediata anulación».
Mientras que el decreto nacional establece en 2025 una ratio mínima de 0,35 profesionales por persona residente en el ámbito de personal gerocultor, La Rioja fija para todos los años este índice en tan solo 0,31, lo que supone «una rebaja injustificada de los estándares de atención», según este sindicato.
Desde la FSS-CCOO, han exigido la equiparación de mínimos al decreto estatal, «porque reducir el personal significa reducir cuidados».
Esta organización ha asegurado que La Rioja se sitúa «a la cola del país en exigencia y protección a las personas mayores y profesionales», siendo la única comunidad autónoma que recorta por debajo de los mínimos que fija la ley estatal.
El decreto regional, lejos de solucionar el «grave problema» de falta de personal, lo agrava, al permitir menos personal por residente de lo que exige el Estado, condenando a las plantillas, ya «sobrecargadas y precarizadas, en su mayoría mujeres», a doblar turnos y soportar condiciones «precarias», ha agregado.
También ha rechazado el artículo que permite desviar las responsabilidades sanitarias desde las residencias hacia el sistema público de salud de La Rioja (SERIS), en los casos en los que los centros carezcan de personal médico o de enfermería.
Esta medida, ha asegurado, implica «una sobrecarga» al sistema público y una renuncia a garantizar una atención sanitaria digna dentro de las propias residencias.
Otro de los puntos más controvertidos es la flexibilización en los requisitos de contratación de personal, que permite sustituir a profesionales titulados por personas trabajadoras de otras categorías, bajo el argumento de la dificultad de contratación.
Según CCOO, esto normaliza la falta de cualificación en puestos que deberían estar garantizados como un derecho mínimo, afectando directamente a la calidad del servicio.
CCOO en La Rioja, junto con otras plataformas y sindicatos, presentaron alegaciones al texto, reclamando la corrección de estos puntos.
Sin embargo, únicamente se aceptaron meros ajustes formales, ignorando completamente las demandas esenciales que buscaban elevar los estándares de atención y cuidado.
