La acogida de los menores migrantes no acompañados que llegan a España sigue generando tensiones entre las diferentes comunidades autónomas y la Administración central, que este miércoles han vuelto a sentarse para decidir cómo se distribuyen los menores de una forma justa y equilibrada entre los diferentes territorios.
En el encuentro de la Comisión Sectorial de Infancia y Adolescencia, el Ministerio de Infancia y Juventud ha trasladado las cifras que, a su juicio, mejor se ajustan a un reparto ecuánime. Y en el caso concreto de La Rioja, que en la actualidad acoge a 15 menores no acompañados, el Gobierno central pide un esfuerzo mucho mayor, hasta alcanzar las 104 plazas para niños migrantes (esto es, un incremento de casi el 70 por ciento).
Así lo ha avanzado este miércoles el diario El País, que ha tenido acceso a las tablas que maneja el Ministerio, aun precisando que se trata de un «documento de trabajo» y no una propuesta definitiva, elaborada sobre los datos del Registro Oficial de Menores a fecha del pasado 31 de diciembre.
La clave de este encuentro es que el Ministerio que dirige Sira Rego comunique a las autonomías cuál es la «capacidad ordinaria» de acogida de cada una dentro del sistema de protección nacional después de que las comunidades -todas menos Aragón- hayan dado al Ejecutivo los datos de cuántos jóvenes extranjeros solos acoge cada una.
Para calcular esta «capacidad ordinaria», el Ejecutivo divide la población del conjunto del país entre el número total de jóvenes migrantes que acogen todas las comunidades y, después, divide la población de cada territorio entre este último número. Este indicador determinará qué comunidad puede pedir al Gobierno que declare la situación de ‘contingencia migratoria’ en su territorio -si su ocupación es tres veces superior a su capacidad ordinaria, como será el caso de Canarias, que tutela a unos 6.000 jóvenes- y active las derivaciones.
Según han explicado fuentes del Ministerio a EFE, en la reunión de este miércoles no se han facilitado datos de cuántos niños y adolescentes deberán ser trasladados a cada autonomía, ya que esto «no se ha podido calcular aún». Además, el número que asumirá cada comunidad dependerá de varios criterios: población (50 por ciento), renta per cápita (13 %), tasa de paro (15 %), esfuerzo de acogida (6 %), dimensionamiento estructural del sistema (10 %), dispersión de la población (2 %) y las singularidades de ciudad fronteriza (2 %) e insularidad (2 por ciento).
Más de cuatro mil menores
El Gobierno mantiene su previsión de comenzar con las derivaciones de unos 4.400 jóvenes desde Canarias y Ceuta a otros territorios este verano, aunque antes tiene que aprobar otro decreto de desarrollo con más detalles sobre el mecanismo.
Las últimas reuniones han sido muy tensas por esta falta de acuerdo y la cita de hoy llega en un momento en el que el PP ha endurecido su discurso sobre inmigración. Este martes, el líder del partido, Alberto Núñez Feijóo, defendió que el migrante que no cumpla con las normas y valores de España «tendrá que irse por donde ha venido».
Preguntada por estas palabras, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, dijo que lo que le preocupa es qué va a hacer el PP respecto a los menores: «cada vez que ponemos una respuesta en la mesa, el PP, por supuesto, la vota en contra, pero además sin sumisión en las comunidades donde Gobierna», lamentó.
