El Consejo de Gobierno ha acordado este martes una nueva norma en ciberseguridad y protección de datos para reforzar los datos de la Administración Pública frente a posibles riesgos y proteger la continuidad de los servicios públicos esenciales.
En la rueda de prensa posterior al Consejo, el portavoz del Ejecutivo regional, Alfonso Domínguez, ha informado sobre el decreto por el que se aprueba la política de seguridad de la información del sector público de La Rioja. «La política de seguridad debe ser revisada y ajustada, con el fin de garantizar de forma permanente la integridad y confidencialidad en el tratamiento de la información, máxime en un momento de despliegue como ha alcanzado la administración electrónica autonómica a través del proyecto GLERA», ha explicado.
Por ello, se debe proteger la relación con los riojanos estableciendo las bases sobre las que, tanto los empleados públicos como los ciudadanos, pueden acceder a los servicios públicos en un entorno seguro y de confianza.
En un contexto de «constante innovación tecnológica», la normativa de seguridad cobra una importancia crítica para garantizar el uso responsable de los sistemas y el tratamiento adecuado de los datos, ha indicado, especialmente ante el creciente uso de herramientas de inteligencia artificial (IA) y analítica avanzada.
Domínguez ha constatado que el Gobierno de La Rioja depende cada vez más de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) para alcanzar sus objetivos y prestar servicios públicos esenciales. Por ello, estos sistemas deben gestionarse con el máximo rigor, aplicando medidas de protección eficaces que garanticen la disponibilidad, integridad, confidencialidad, autenticidad y trazabilidad de la información y de los servicios asociados.
La nueva política de seguridad de la información aprobada pretende reforzar estas garantías, adaptándose al actual escenario de amenazas, como los ataques de ‘ransomware’, que buscan robar y cifrar datos críticos para después exigir un rescate; y las intrusiones dirigidas a interrumpir el funcionamiento de sistemas clave mediante la explotación de vulnerabilidades, ya sea en servidores, dispositivos, identidades digitales o incluso algoritmos de IA.
Esta política es esencial para proteger sectores especialmente sensibles, como la sanidad, los servicios sociales, o la administración de justicia, donde cualquier interrupción puede tener consecuencias graves para la ciudadanía, ha añadido.
El Gobierno de La Rioja, en su compromiso con la transparencia y la confianza ciudadana, ha revisado y actualizado su política de seguridad de la información para adaptarse a los cambios normativos y tecnológicos.
