Las órdenes de protección para víctimas de violencia de género descendieron un 6,5 por ciento en 2024, una contracción que se ha observado en todas las comunidades autónomas y que preocupa a las expertas por cuanto sólo una de cada seis denuncias por maltrato tuvieron como resultado esta protección.
El año 2024 terminó con 199.094 denuncias por violencia de género y con la concesión judicial de 33.247 órdenes de protección, lo que supone el 16,69 por ciento de esas denuncias. En 2023, esa tasa fue del 17,84 por ciento, según datos del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial.
El año pasado se concedieron 2.314 órdenes menos que en 2023, 33.247. Se solicitaron 49.268 (en una de cada cuatro denuncias), de las que se adoptaron el 67,48 por ciento (frente al 69,9 por ciento de 2024). En algunas autonomías, como Madrid y Cataluña, este porcentaje ni alcanzó el 50 por ciento.
También fueron menos las órdenes solicitadas (las concede un juez, pero previamente tienen que pedirlas la defensa de la víctima o la fiscalía), un 3 por ciento por debajo de las pedidas en 2023.
Se pidieron menos (3 por ciento) y se concedieron aún menos (6,5 por ciento), una señal de alarma, según juristas consultadas por EFE.
Inequidad territorial
En términos absolutos, las órdenes de protección adoptadas son inferiores en todas las comunidades autónomas. Si se atiende al porcentaje de órdenes concedidas con respecto a las solicitadas, éste ha descendido en todos los territorios salvo en Cataluña, que ha pasado del 47,8 por ciento de 2028 al 49,6 por ciento de 2024. Tampoco llega al 50 por ciento Madrid, con un 46,26 por ciento.
Existe una gran desigualdad territorial en la concesión de las órdenes. Se conceden más en Murcia (83,6 por ciento), Baleares (80,28 por ciento), Aragón (79,9 por ciento), Comunitat Valenciana (78,3 por ciento) y Navarra (78 por ciento).
El mapa se completa así: País Vasco (58,8 por ciento), Cantabria (62,9 por ciento), Galicia (64,1 por ciento), Castilla-La Mancha (70,3 por ciento), Extremadura (71,9 por ciento), Castilla y León (73,49 por ciento), Asturias (74 por ciento), La Rioja (75,8 por ciento), Andalucía (76,2 por ciento) y Canarias (76,7 por ciento).
Soleto afirma que estas diferencias entre partidos judiciales, denunciadas desde hace años por las organizaciones feministas, son preocupantes y lamenta que el CGPJ no haya explicado públicamente por qué ocurre.
En este sentido, Gonzalo recuerda que el Grevio (el grupo de expertos europeos que analiza el cumplimiento del Convenio de Estambul) ha llamado la atención sobre esta inequidad y ha exigido al estado español que averigüe qué sucede.
