El presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, ha recalcado este jueves que su Ejecutivo va a defender siempre los intereses de las riojanos y «no va a ceder» mientras no logre «un pago justo» en la condonación de la deuda, que está «dispuesto a negociar», pero si se eleva de 448 a 770 millones de euros.
Capellán ha intervenido en el pleno del Parlamento regional para responder al portavoz socialista, Javier García, sobre si considera que su Gobierno defiende adecuadamente los intereses de La Rioja.
Además, ha detallado a García que los consejeros del PP se levantaron de la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), el pasado 26 de febrero, porque «se intentó imponer un pacto con ERC en Cataluña al conjunto de las comunidades autónomas, sin abrirse al diálogo ni a la negociación» sobre el nuevo sistema de financiación autonómica.
También ha replicado a García que, si de verdad quiere potenciar los servicios públicos de La Rioja en esta Cámara, su grupo no tenía que haber votado en contra de una mejora en la financiación de la dependencia, «una servicio social básico», algo que el portavoz socialista ha desmentido en una intervención posterior.
Capellán también ha recriminado a la bancada socialista que no apoyase, como hicieron todos los grupos, una mejor financiación estatal para la Universidad de La Rioja, según le corresponde con la aplicación de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), que es socialista.
Ha añadido que también ha defendido los intereses de los agricultores riojanos en relación al acuerdo de Mercosur, ya que los productos de Latinoamérica llegan sin las garantías y exigencias que se cumplen en España.
Por su parte, García ha considerado «lamentable» la actitud del Gobierno de La Rioja al abandonar la reunión del CPFF, donde «demostró una falta total de sentido de Estado y de responsabilidad, dejando claro que se fueron para evitar votar en contra de una buena medida, que además habíamos solicitado».
Esta propuesta de condonación de parte de la deuda que ha rechazado el Gobierno regional del PP supondría la renuncia a unos 500 millones de euros, incluidos los intereses, una cifra que permitiría mejorar la posición financiera y las condiciones de acceso a los mercados de la comunidad, que, además, tendría más recursos para reforzar sus servicios públicos.
El portavoz parlamentario socialista ha recalcado que la propuesta de condonación está basada en criterios técnicos «transparentes e iguales para todas las comunidades autónomas», como son la población ajustada, el nivel de endeudamiento en la crisis financiera, la infrafinanciación durante el periodo 2010-2022 de algunas autonomías y el esfuerzo fiscal.
