Las nuevas investigaciones abiertas sobre lo que sucedía con las menores tuteladas en la residencia Iregua han sacado a la luz una situación que parece que todo el mundo sabía, que muchos callaron y sólo unos pocos denunciaron. Situaciones que no han tenido demasiada repercusión, al menos, en el ámbito judicial. Uno de los casos sí que llegó a los tribunales. Éste terminó hace justo un año con dos hombres absueltos por las dudas en la declaración de la menor ante el juez.
El hecho llegó a los tribunales en segunda instancia en marzo de 2024. En la sentencia, a la que ha tenido acceso NueveCuatroUno, la Audiencia Provincial de Logroño absolvía a dos hombres acusados de abuso sexual y prostitución de una menor de 16 años, que vivía en un centro de acogida, tras considerar que no existían pruebas suficientes para sostener la acusación. La joven no ratificó en el juzgado la primera declaración que hizo ante la policía pero la sentencia da una idea de cómo se realizaban los contactos con las menores.
El caso se inició en 2020 cuando la joven, una menor tutelada por el Gobierno de La Rioja, denunció haber sido víctima de abuso sexual y prostitución. La acusación recaía sobre un hombre de origen ucraniano y otro (cuya nacionalidad no se especifica), ambos residentes en Logroño. Según el relato de la menor, ambos hombres mantuvieron relaciones sexuales con ella a cambio de dinero, intermediado por una amiga de la joven, también menor de edad.
Todo habría salido a la luz, según se explica en la sentencia, cuando uno de los menores del centro le reprochó a la joven su comportamiento fuera del mismo en una pelea delante de las tutoras. Entonces, y después de hablar con varias jóvenes tuteladas para confirmar el testimonio del chico, y al advertir un peligro cierto para ellas, cursaron la correspondiente incidencia al Servicio de Protección de Menores del Gobierno de La Rioja, quien puso los hechos en conocimiento del Cuerpo Nacional de Policía, tal como se refleja en el atestado policial.
Tras la denuncia, se abrió un proceso penal que culminó con la celebración del juicio que se celebró en segunda instancia en marzo de 2024. La Fiscalía solicitaba nueve años de prisión para uno de los hombres por abuso sexual y prostitución de menores, mientras que para el otro se pedína dos años y seis meses por el mismo delito.
La denunciante declaró que su amiga le propuso mantener relaciones sexuales con un hombre a cambio de dinero y drogas. Según su testimonio, el acusado las recogía en coche y las llevaba a su casa, donde su amiga le indicaba que debía acostarse con él. Afirmó que este patrón se repitió varias veces, siempre con su amiga presente y quedándose con parte del dinero entregado por el acusado. La joven negó haberle pedido dinero o drogas directamente y aseguró que su intención era enviar el dinero a su familia.
Sin embargo, su declaración en el juicio fue confusa y llena de lagunas, ya que en muchas ocasiones afirmó no recordar detalles clave, como si había más personas en la casa o las cantidades exactas de dinero recibidas. También admitió que el acusado nunca le entregó dinero directamente y que no tenía intención de contar lo sucedido hasta que sus compañeras la presionaron. Estas contradicciones llevaron al tribunal a considerar que su testimonio no era lo suficientemente sólido para sostener la acusación.
Por su parte, uno de los hombres declaró que pensaba que la joven era mayor de edad y que mantuvo una relación sentimental con ella. Negó haberle pagado por sexo y aseguró que el dinero que le daba en alguna ocasión fue por otras razones. El segundo hombre, por su parte, negó haber tenido relaciones con la menor y dijo que solo coincidió con ella en una ocasión.
El análisis del teléfono móvil de uno de ellos no aportó pruebas incriminatorias. No se encontraron mensajes que demostraran pagos por sexo ni vídeos comprometidos enviados por la menor, lo que debilitó la acusación.
El tribunal determinó que el testimonio de la víctima no cumplía con los criterios de credibilidad y persistencia necesarios para una condena. Además, no se presentó ninguna prueba objetiva que demostrara que los acusados pagaron por sexo o que la menor estuviera coaccionada. De esta forma, se aplicó el principio ‘in dubio pro reo’ (en caso de duda, se absuelve al acusado), la Audiencia Provincial absolvió a ambos hombres y ordenó el cese de las medidas cautelares que se habían interpuesto durante la investigación.
Estos días ha salido a la luz un nuevo caso relacionado con menores tuteladas relacionadas con casos de presunta prostitución. Esta vez relaciona a cuatro menores, dos de ellas ya han declarado en sede judicial y otras dos los harán a lo largo de las próximas semanas. Desde 2015 se vienen sucediendo diferentes hechos que confirman que al menos siete jóvenes podrían haber sido víctimas de personas que tenían sexo con ellas, fuera de los centros y pisos tutelados, a cambio de dinero. El primer caso salió a la luz después de una investigación policial que metió a cinco hombre en prisión a la espera de juicio.
