La Asociación Bodegas Familiares de Rioja (ABF) ha comunicado este martes que no se presentará a las elecciones del Consejo Regulador de la DOCa Rioja que se celebran en junio de 2025. El motivo principal es que consideran que la reciente reforma estatutaria aprobada por unanimidad en el seno de la Organización Interprofesional del Vino de Rioja «penaliza todavía más la representación del modelo familiar de la pequeña y mediana bodega».
Una reforma aprobada por unanimidad la pasada semana que en el caso de la representatividad de la rama comercializadora establece la posibilidad de un factor de corrección al alza si se acredita mediante un certificado de auditor que el precio medio de comercialización es superior al doble del precio medio ponderado que calcula el Consejo Regulador de sus exportaciones. Sin embargo, desde ABF inciden en que «esta reforma sigue permitiendo que bodegas que venden millones de litros de litros de vino barato salgan beneficiadas en el reparto de los votos por el hecho de contraetiquetarlas como crianzas, reservas o grandes reservas al margen de la facturación real, mientras que para aquellas que venden a mayor precio se les va a exigir que paguen una auditoria para justificar que los vinos que venden en el mercado cuestan más del doble que el precio medio de Rioja», ha apuntado Eduardo Hernáiz, presidente de Bodegas Familiares de Rioja.
«¿Qué pequeña o mediana bodega se va a gastar entre 4.000 y 10.000 en una auditoría externa para poder votar en las próximas elecciones? Las bodegas familiares jamás van a gastar ese dineral en una acreditación para mejorar su representación electoral. Es como si para votar en unas elecciones políticas los ciudadanos con menos recursos económicos tuvieran que pagar por ejercer su derecho a voto o si el voto de determinadas clases sociales valiera más que el del resto. Al final esta fórmula penaliza todavía más a la pequeña y mediana bodega, que no tienen ninguna obligación de auditarse por cuanto se sigue primando a quienes venden crianzas y reservas a precios de derribo, mientras que, para quienes aportan realmente valor, se pretende exigir esas auditorias. Son unas elecciones amañadas y nos duele la hipocresía porque esta representatividad económica es ficticia», ha valorado Juan Carlos Sancha, vicepresidente de la asociación.
Ya en septiembre de 2023 ABF comunicó su salida de la mesa de diálogo de la DOCa por esas discrepancias en el modelo de representatividad económica. “Fue entonces cuando el Consejo Regulador se apresuró a decir que iba a reformar los estatutos. Lo que se ha pactado ahora es una invitación a dejarnos fuera, a nosotros o a cualquier asociación que represente los intereses de la pequeña y mediana bodega. La respuesta ha sido una modificación torpe y pactada a ultima hora que castiga todavía más a la tipología de bodega familiar», ha considerado Hernáiz.
Cabe recordar que la representación de las bodegas en el Consejo Regulador se mide por la cantidad de litros comercializados, con una ponderación al alza si son crianzas, reservas o grandes reservas independientemente de su precio real. Así, el precio medio estimado para una botella de crianza en las anteriores elecciones de 2021 fue de 3,33 euros (2,53 para los genéricos, 5,04 euros para los reservas y 9,32 euros para los grandes reservas), pero «para aquellas bodegas que venden su crianza por encima de ese precio les quitan votos, mientras que bodegas que venden muy por debajo de ese precio se les da los votos como si vendieran su botella a 3,33 euros». «Es un sistema que pudo tener sentido en su día, pero no hoy cuando la gran mayoría de vinos con mayor valor de Rioja se etiquetan como genéricos, dándose la paradoja de que un vino de viñedo singular como el mío, que cuesta 45 euros, cuenta para el Consejo cuatro veces menos que un reserva que se vende en un lineal por millones de botellas a 3 euros”, recuerda Sancha.
«Lo que Bodegas Familiares pidió al Consejo Regulador es un nuevo sistema que mida realmente la representación por facturaciones reales de las empresas sin que la obligación económica de demostrarlo recaiga en los inscritos, sino en la propia institución. Además, lo que tampoco hacen es bajar la representatividad económica a esos operadores que venden más barato y por debajo del precio medio, mientras que los operadores que considera que venden por encima de ese precio medio se pueden acreditar pero con un certificado de auditor”.
Por otro lado, la asociación celebra el acuerdo alcanzado por parte de la rama productora para modificar esas reglas de representatividad, que permitirán que no se incluyan las hectáreas de sociedades que están participadas en más de un veinticinco por ciento por bodegas comercializadora en el proceso. «Sabemos que se ha negociado durante meses una fórmula más justa, pero en el caso de la rama comercial lo que se ha hecho es todo lo contrario. Hemos pasado 23 años en el Consejo Regulador intentando cambiar las cosas, así que por eso lo abandonamos. Sin embargo, desde entonces no hemos parado de crecer en número de bodegas asociadas porque nuestro compromiso sigue siendo el ayudar a nuestras bodegas a vender mejor su vino», ha remarcado Sancha.
