El Gobierno de La Rioja acaba de aprobar un nuevo acuerdo para contratar plazas públicas en centros de día para mayores y dependientes privados con unas condiciones que «potencian los incumplimientos» en materia de personal médico. Así lo ha afirmado la diputada regional socialista María Somalo que, en una conferencia de prensa, ha aludido a diferentes situaciones en torno a las residencias y a los servicios sociales que, según su partido, comprometen la calidad de los servicios a mayores y dependientes en La Rioja.
Ha recordado que a finales de enero el Gobierno regional dictó una resolución que suspendía la imposición de penalidades -sanciones- a las residencias que no cumplieran la relación de personal y de otro tipo marcado por la normativa.
Esta situación ha tenido continuidad recientemente, ha explicado, con la aprobación de un anteproyecto de decreto que marca el personal que debe haber en centros residenciales y «en ningún lugar hace referencia a las penalidades por incumplir la relación de personal, ni hay faltas, ni sanciones, ni se remite a una ley determinada para adaptarlas», ha asegurado.
Además, ha afirmado, ese anteproyecto de decreto sí establece la derivación de la atención sanitaria de las residencias de mayores al Servicio Riojano de Salud «solo con acreditar que tienen dificultades para contratar personal sanitario» con lo que «con dos anuncios pueden justificarse y se les exime de contratar personal médico incluso aunque sean centros acreditados por ello».
Acuerdo marco para centros de día
Somalo ha aludido de forma expresa al recién aprobado acuerdo marco para fijar las condiciones de contratación de plazas publicas en centros de día de La Rioja, tal y como existe para las plazas residenciales, «y puede ser un buen recurso», ha admitido «pero en su interior vemos cosas inexplicables».
Así, ha asegurado que «se rebaja la calificación de falta muy grave a leve el incumplimiento de ratios de personal por las empresas» es decir «de darle la máxima importancia a esa cuestión pasa a ser como si hablamos de una falta de limpieza puntual».
De forma paralela se rebaja el importe de la multa que se pueda poner esa cuestión, que era de un 10 por ciento de la facturación «a un máximo del 2 %» y «tampoco hay obligación de imponerla», ha afirmado.
En la práctica, ha detallado, multas que hasta ahora oscilaban entre los 800 y los 1.600 euros mensuales pasan a un abanico de 160 a 320 euros, algo que ha tildado de «ridículo» y que va a llevar a «potenciar los incumplimientos reiterados», ha acusado.
Además, ha asegurado, en breve se publicará un nuevo acuerdo marco de plazas públicas en residencias privadas, porque acaba el plazo del actual «y nos tememos que va a suceder lo mismo».
La diputada socialista, exconsejera de Salud y Servicios Sociales, ha cuestionado también las inspecciones que se hacen de esta cuestión en residencias y centros de día, ya que, ha asegurado, desde febrero se le niega la información sobre las que se han realizado «y tampoco hay información sobre si se ha evaluado el resultado de la anulación de penalidades».
«Todas estas medidas se toman con nocturnidad y alevosía, sin ruedas de prensa y sin explicarlo tras el consejo de Gobierno», ha acusado Somalo, para quien «los únicos beneficiados son las empresas privadas que gestionan centros de día y residencias» que «no solo ahorran en gastos de personal, sino que se ahorran las multas» pero «no bajan el precio que cobran a la administración o a los mayores».
Deterioro al servicio sanitario
Somalo ha lamentado que los médicos de familia tengan que asumir como pacientes a los ancianos de residencias «justo en el peor momento de la atención primaria» en el que «no se ha aumentado el personal de forma específica en los centros que deben asumir las cartillas de residencias de mayores».
Otra de las cuestiones que ha criticado es la «considerable reducción» de los gastos de personal que recoge el proyecto de presupuestos de 2025 para las tres residencias de mayores públicas, que ha cuantificado en 700.000 euros en la de Calahorra, en 800.000 euros en Lardero y en más de un millón en Fuenmayor.
Esta reducción le lleva a «sospechar» que también en los centros públicos se va a trasladar al Seris la monitorización de personas vulnerables de esas residencias, ha considerado.
«Todo esto ocurre a la vez que llega más dinero del Gobierno central para el sistema de dependencia, 17 millones en 2024 y 19 el año próximo», pero aunque «el Ministerio aporta más, el Gobierno regional invierte menos», ha concluido.
