El acceso a la vivienda en España se ha convertido en uno de los mayores desafíos sociales y económicos de las últimas décadas. Un derecho fundamental, consagrado en el artículo 47 de la Constitución Española, que sigue siendo inalcanzable para amplios sectores de la población, especialmente entre los jóvenes y migrantes. La Rioja, tradicionalmente una región con menores tensiones inmobiliarias, no ha escapado a este problema, y aquí también se experimentan crecientes dificultades para alquilar o comprar una vivienda asequible.
La falta de políticas públicas efectivas, la especulación inmobiliaria, el aumento de los precios tanto de la compra como del alquiler y una oferta insuficiente han provocado que la vivienda se convierta en un bien de lujo, inaccesible para gran parte de la ciudadanía, especialmente en un contexto posterior a la crisis inmobiliaria.
En 2008, el estallido de la burbuja inmobiliaria dejó un panorama devastador para el mercado de la vivienda en España. A más de tres lustros de aquel colapso, la situación sigue lejos de estabilizarse. Según el Banco de España, el país sigue necesitando alrededor de 600.000 viviendas adicionales para cubrir la demanda existente. Este desequilibrio entre la oferta de vivienda y la creación de nuevos hogares ha provocado que tanto la compra como el alquiler de una vivienda se vuelvan cada vez más difíciles para la mayoría de los ciudadanos.
La Rioja, una comunidad con poco más de 300.000 habitantes, ha visto cómo el acceso a la vivienda se ha complicado de manera notable en los últimos años. Aunque el problema ha sido históricamente más grave en las grandes ciudades como Madrid y Barcelona, el encarecimiento de los precios también ha llegado a regiones más pequeñas. De hecho, según datos recientes de la Asociación de Usuarios Financieros (Asufin), pagar un alquiler en solitario en La Rioja requiere destinar el 38,3 por ciento del salario medio regional (con un gasto mensual promedio de 795,4 euros), porcentaje que supera el tercio de los ingresos que se considera el límite recomendable para evitar el riesgo de sobreendeudamiento.
La situación en La Rioja es relativamente mejor que en otras comunidades, pero el acceso a la vivienda sigue siendo un reto creciente. Uno de los colectivos más afectados por la crisis de la vivienda es el de los jóvenes. La incapacidad para encontrar una vivienda asequible ha llevado a que dos de cada tres jóvenes, entre los 18 y 34 años, sigan viviendo en casa de sus padres, una cifra que ha aumentado desde 2010 cuando eran un 50 por ciento los que lo hacían.
Jovenes atrapados en las viviendas de sus padres. Los sueldos no han subido en relación a la vivienda. En las grandes ciudades pero también en regiones prqueñas como La Rioja. Aquí, los sueldos han subido un 14 por ciento desde 2015, mientras que el precio de la vivienda se ha incrementado en un 34 por ciento.
Además, la dificultad para acceder a una hipoteca debido a las restricciones impuestas por los bancos ha incrementado la presión sobre el mercado del alquiler. Cada vez más personas, incapaces de comprar una vivienda, se ven obligadas a buscar una opción en alquiler, lo que ha provocado que este mercado se sature y que los precios continúen subiendo.
En 2007 el 80 por ciento de las personas que vivían en una vivienda lo hacían como propietarios y el 20 por ciento en régimen de alquiler. En las actualidad la relación es de 75-25. Lo ideal sería que la cifra llegase incluso al 60-40. Un cambio necesario que se está realizando en el peor momento porque la falta de pisos hace que los precios se disparen y el sector del alquiler haya colapsado.
Uno de los problemas estructurales del mercado inmobiliario en España es la falta de vivienda pública. Solo el 2,5 por ciento de las viviendas en España son de alquiler social, un porcentaje ínfimo comparado con otros países europeos como los Países Bajos, donde el 30 por ciento de las viviendas pertenecen a este régimen. En La Rioja, la situación es igualmente desalentadora. Hace más de una década que no se construye una sola vivienda protegida en la comunidad, lo que ha dejado a muchas familias sin una opción asequible para acceder a un hogar.
El contraste con otros países europeos es abismal. Mientras que en países como Alemania solo el 31 por ciento de los jóvenes entre 18 y 34 años vive con sus padres, en España esta cifra alcanza el 66 por ciento, una de las más altas de la Unión Europea. Esta situación refleja el fracaso de las políticas de vivienda pública, que no han sido capaces de ofrecer una alternativa real a las clases medias y bajas.
La crisis de la vivienda no solo es un problema económico, sino que genera profundas desigualdades sociales. Las capas más desfavorecidas de la población son las más afectadas por el encarecimiento de los precios, lo que amplía la brecha entre ricos y pobres. Según los últimos estudios, el 40 por ciento de los inquilinos con menos ingresos se ven obligados a compartir vivienda debido a la imposibilidad de acceder a una hipoteca o alquilar de manera individual.
El riesgo de que esta situación se cronifique es real. Si no se toman medidas urgentes para aumentar la oferta de vivienda asequible y facilitar el acceso a hipotecas, la situación seguirá deteriorándose, afectando a más capas de la población. Lo que comenzó como un problema para los jóvenes y los migrantes ha comenzado a extenderse a la clase media, que ve cómo cada vez es más difícil acceder a una vivienda digna.
La situación actual requiere de medidas estructurales y de largo plazo para paliar los efectos de la crisis de la vivienda. En primer lugar, es esencial reactivar la construcción de vivienda pública y protegida en comunidades como La Rioja, donde la oferta es prácticamente inexistente. Aumentar el parque de viviendas de alquiler social es una medida clave para garantizar que las personas con menos recursos tengan acceso a un hogar.
La creacion de hogares colapsó con la crisis inmobiliaria, se retrasó la independencia de los jóvenes y se frenó la inmigración. En 2006 se construyeron más de 650.000 viviendas y se crearon 422.511 hogares en España. En 2023 se crearon 221.198 nuevos hogares en España mientras que sólo se construyeron 89.320 viviendas. La oferta y la demanda van totalmente descompasadas.
En segundo lugar, se deben promover políticas que favorezcan el acceso a la vivienda en propiedad mediante hipotecas más accesibles, especialmente para los jóvenes y las familias de clase media. Sin una política efectiva de acceso a la financiación, el mercado del alquiler seguirá colapsado y los precios continuarán subiendo.
Por último, es fundamental fomentar la rehabilitación y reutilización del stock inmobiliario existente, que en muchas comunidades como La Rioja permanece infrautilizado. Incentivar la renovación de viviendas vacías o en mal estado podría aliviar la presión sobre el mercado, ofreciendo opciones más asequibles para los compradores y los inquilinos.
