Pilar Simón es la subdirectora general de Diálogo Social y Relaciones Laborales, dentro de la Consejería de Economía, Innovación, Empresa y Trabajo Autónomo que dirige Belinda León en el Gobierno de La Rioja. Afronta la reducción de la siniestralidad laboral como un asunto prioritario y recuerda que el próximo Plan de Actuaciones en Salud Laboral para 2024, dotado de casi 1,4 millones de euros, apuntala el compromiso en este ámbito.
– ¿Cómo van a afrontar desde el Gobierno de La Rioja la alta cifra de siniestralidad?
– Desde la Subdirección General de Diálogo Social y Relaciones Laborales, estamos trabajando desde el primer momento por revertir la siniestralidad laboral que está sufriendo nuestra comunidad. Llegamos al Gobierno con una alta cifra de siniestralidad, a la que se han sumado otros lamentables accidentes en estos meses. Evidentemente, ningún Gobierno es culpable, pero hay que actuar, y este Gobierno ya está actuando.
Hay que analizar lo ocurrido y actuar desde la prevención y formación (desde antes de ser trabajadores, los estudiantes serán los futuros empresarios o trabajadores). Por lo tanto, deben estar formados y concienciados con este gran problema, puesto que sus vidas van en ello. Por supuesto la labor de la Inspección y de los Técnicos de Prevención del Servicio de Salud Laboral es primordial, puesto que realizan una tarea de asesoramiento, requerimiento, en definitiva, de control de la salud laboral y, en último caso, de la sanción.
Así, en los presupuestos para el 2024, hemos querido reflejar que la salud laboral es lo primero y muestra de ello son los casi 1,4 millones de euros que se han dotado para el próximo Plan de Actuaciones en Salud Laboral para 2024.
– ¿Qué políticas van a desarrollar para tratar de paliar esta situación?
– Nos preocupa mucho este asunto. Hemos impulsado las políticas efectivas de prevención y concienciación, esfuerzo que se suma a la labor de asesoramiento, control, vigilancia y formación que realizan nuestros 13 Técnicos de Prevención, que no se cuantifica, pero que está ahí.
Las políticas a desarrollar para el 2024 se están abordando con los agentes económicos y sociales, en el marco del Consejo Riojano de Seguridad y Salud Laboral. Ya hemos mantenido varias reuniones en las que hemos abordado la alta siniestralidad laboral y hemos presentado el borrador del plan de actuaciones en prevención de riesgos laborales para el próximo año. Nuestro objetivo es poder implantar medidas que reduzcan la siniestralidad laboral y mejorar las condiciones de trabajo de todos los riojanos.
Asimismo, pondremos en marcha una cátedra de Diálogo Social que nos permitirá un abordaje científico de este ámbito de gran interés para el desarrollo laboral de nuestra Comunidad. Ya hemos comenzado a trabajar en ella, garantizando que la partida correspondiente no quedará intacta como en la anterior Legislatura.
– ¿Quién o quiénes deben implicarse en este contexto?
– La seguridad y la salud en el trabajo es cosa de todos: empresarios, trabajadores y agentes sociales. Consideramos que la estrategia a seguir debe ser multidisciplinar, analizando y atajando las causas que concurren en torno a la siniestralidad laboral, teniendo en cuenta, como digo, a todos los agentes que intervienen, y reforzando tanto las medidas de prevención como de corrección.
– ¿Qué importancia tienen los EPIs?
– El uso de los EPIs en el lugar de trabajo está unido a la aplicación de dos reales decretos, transposiciones de sendas Directivas de la Unión Europea, el Real Decreto 773/1997 (Directiva 89/656/CEE) relativo al uso de los EPIs y el Reglamento (UE) 2016/425 relativo a su comercialización.
Un EPI o equipo de protección individual es cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador para que le proteja de uno o varios riesgos, que puedan amenazar su seguridad o su salud en el trabajo, así como cualquier complemento o accesorio destinado a tal fin. Proporciona una protección eficaz frente a los riesgos que motivan su uso, sin suponer por sí mismos u ocasionar riesgos adicionales ni molestias innecesarias, y constituye el recurso final de la cadena preventiva. El empresario debe proporcionar a sus trabajadores los EPIs necesarios para el desempeño de sus funciones y velar por el efectivo uso de los mismos, cuando éstos sean necesarios.
