El Consejo de Gobierno ha aprobado este miércoles al decreto del derecho de acceso a la información pública, que impulsará la transparencia de la administración riojana hacia la ciudadanía. El portavoz del Ejecutivo regional, Álex Dorado, ha informado en una rueda de prensa de los asuntos aprobados en la reunión semanal del Consejo de Gobierno, que se ha celebrado de forma telemática.
Dorado ha explicado que, con la aprobación de este decreto, el Gobierno de La Rioja establece un protocolo claro para la recepción de aquellas solicitudes de ejercicio del derecho de acceso a la información pública que la ciudadanía realiza a la administración.
Ha constatado que en los últimos tiempos se ha producido un incremento de estas peticiones, según publica la Dirección de Transparencia en su portal web. Así, este decreto dará respuesta a una necesidad existente en La Rioja desde hace tiempo, al regular los aspectos procedimentales y organizativos del ejercicio del derecho de acceso a la información pública recogido en la ley autonómica de transparencia.
La Consejería de Igualdad, Participación y Agenda 2030 ha detectado a lo largo de los últimos años un “considerable incremento” del número de solicitudes de información que la ciudadanía dirige a la administración riojana, ha precisado.
En 2019 se registraron 84, durante el 2020 se recogieron 98, mientras que en el ejercicio 2021 fueron 173 y en el primer trimestre de este año van 48. Estas solicitudes se refieren a materias de lo más variadas y tienen como destinatarios a los numerosos órganos que componen la estructura administrativa, lo que produce como resultado una cada vez mayor complejidad en su tramitación.
El decreto regula el procedimiento de gestión de estas solicitudes con varios ejes a destacar, con el objeto de favorecer la agilidad administrativa autonómica. Por un lado, prevé la implantación de una aplicación informática específica llamada a perfeccionar la tramitación de los asuntos.
Por otro lado, ofrece a los órganos administrativos encargados de su gestión un apoyo y asesoramiento por parte de la Dirección General de Transparencia y Buen Gobierno, introduciendo en el procedimiento la emisión de un informe de esta última en el que se arroje luz cuando así se solicite por aquellos.
