Crisis del Coronavirus

Los ERTE se duplican en 24 horas y ya afectan a 1.500 trabajadores en La Rioja

El Gobierno de La Rioja ha registrado hasta el mediodía de este martes un total de 102 Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), el doble que hace sólo un día cuando se habían inscrito solamente 49. No serán los únicos, como ha indicado el consejero de Desarrollo Autonómico, José Ignacio Castresana: «Iremos recibiendo más en los próximos días». Estos afectan a cerca de 1.500 trabajadores en la región.

Castresana ha reconocido en Radio Rioja (Cadena SER) que esperan un gran aluvión después de las medidas que anuncie el Gobierno de España este mismo martes, ya que hasta ahora se habían centrado en los sectores de educación, hostelería y los contemplados en el Decreto de Estado de Alarma.

«En cuanto se cierren los mercados internacionales, la capacidad productiva se verá afectada y se esperan más», ha detallado, poniendo el acento en que la semana pasada la prioridad del Ejecutivo en materia económica era mantener un nivel de actividad lo más parecida a la normalidad. Ahora, ha señalado, se han añadido los problemas generados por el cierre forzoso de comercios: «La paralización será cada vez mayor».

En cuanto a las medidas contempladas por el Gobierno de España (aumento de liquidez, aplazamiento de cotizaciones, protección de trabajadores…), el consejero de Desarrollo Autonómico también ha destacado que el Gobierno de La Rioja «perfilará» aquellos aspectos de la realidad riojana que no cubran desde Madrid.

Otras medidas

La administración riojana ha acordado establecer un Comité de Relaciones Laborales permanente que va a estar operativo para atender las solicitudes de ERTE que se vayan recibiendo y asegurar que, en las empresas pequeñas que no cuentan con representación de los trabajadores, esta representación la asuman las centrales sindicales para asegurar los derechos de los trabajadores.

«El comité va a estar reunido de manera telemática para que el grado de flexibilidad y operatividad sea el máximo posible, resolver las solicitudes en un plazo muy breve y que las empresas puedan adoptar las decisiones que sean convenientes», concretaba Castresana.

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