La decisión parte de una iniciativa impulsada por la ONG Equalia (que el Gobierno ha enmendado) hace ahora dos años, en la que pedía la instalación de cámaras para garantizar de manera efectiva y rigurosa el cumplimiento de las normativas de bienestar animal y seguridad alimentaria.
Durante este tiempo, la organización ha publicado cinco investigaciones en cinco mataderos diferentes, que desvelaron «una violencia nunca antes vista en España: animales golpeados, pateados, degollados sin aturdimiento, una vaca colgada mientras un operario cortaba sus patas cuando aún estaba consciente, un trabajador orinando en los corrales donde alojan a los animales o corderos entrando en la cadena sin ser aptos para su consumo».
Prueba de esta necesidad es el último vídeo presentado por la ONG Equalia del matadero de Collado Villalba, en la Comunidad de Madrid, el mes pasado. Las imágenes muestran «una vaca siendo electrocutada aún consciente, mientras patalea con las pinzas eléctricas puestas en los orificios nasales».
Esta ONG ha arrojado luz a «una problemática desconocida», ante la cual aporta una solución: cámaras de vigilancia en mataderos, tal y como ya existe por Ley en países como Inglaterra, Escocia o Israel, y en consonancia con la demanda del consumidor, esto es, conocer la procedencia de aquellos productos que consume.
Equalia ha colaborado con grandes empresas como El Pozo Alimentación o Carrefour, que pide ya a todos sus proveedores de marca propia y ‘Calidad y Origen’ la instalación de cámaras. Para ello, la ONG ha elaborado un protocolo de acción, junto a veterinarios de la industria cárnica, con especial interés en las tres medidas estelares: implementación de cámaras en todas las zonas de manipulación de animales vivos, almacenamiento de las imágenes durante un mes, con estricto cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, y visionado de las mismas por parte del matadero y del Servicio Veterinario Oficial de la comunidad autónoma.
Tras las reuniones mantenidas por la ONG Equalia con varios grupos parlamentarios en La Rioja, Ciudadanos registró una Proposición No de Ley que este miércoles ha sido respaldada por el resto de la Cámara, instando al Gobierno de La Rioja a presentar un proyecto de ley para la instalación de cámaras de videovigilancia en los mataderos riojanos, como complemento a la función de control de los servicios veterinarios oficiales.
PSOE, IU y Podemos presentaron dos enmiendas a la PNL presentada por Cs: la primera de ellas instaba a no enmarcar la propuesta en el marco de la Ley Agraria y Ganadera de La Rioja, sino en las normativas referentes a salud. La segunda enmienda proponía suprimir el punto de 2 de la proposición no de ley, en referencia a la posibilidad de ayudas económicas para poner en marcha la propuesta, ya que según el equipo de Gobierno es en la proposición de ley donde han de figurar estas cuestiones.
La votación ha sido dividida por ambas enmiendas, quedando la primera votada a favor por unanimidad y la segunda votada a favor por el equipo de gobierno y en contra por la oposición (por tanto el punto 2 queda suprimido).
Equalia está trabajando a nivel autonómico en doce comunidades autónomas. En siete de ellas, ya se ha presentado similar propuesta (además de La Rioja, en Castilla y León, Comunidad Valenciana, La Rioja, Comunidad de Madrid, Región de Murcia y Asturias). Esta es la segunda PNL aprobada después de votarse en Navarra la misma moción, siendo ratificada por unanimidad.
Protección de datos
En su exposición de motivos se detalla que el circuito cerrado de televisión es «una herramienta técnica que ampliaría la capacidad de inspección y vigilancia del cumplimiento de las normas vigentes», si bien «es cierto que debería complementarse con campañas divulgativas y armonizarse con la Ley Orgánica 3/2018 para que no se vulnerasen los derechos propios de los datos protegidos, pero siempre facilitaría el control de las condiciones laborales de los operarios de los mataderos y de las medidas de seguridad y bienestar animal en las explotaciones ganaderas.
La medida pretende redundar en «la reducción y evitación de abusos en el entorno laboral, en la reducción y evitación del maltrato y los tratos degradantes hacia los animales, en la mejora del control sanitario y de calidad sobre los productos que se comercializan y, como suma de todo eso, en la creación de otra ventaja competitiva para el sector».
