La Secretaría Anticorrupción, Transparencia y Control Democrático de Podemos La Rioja ha denunciado a Francisco Javier Garrido Suso, Nazaret Martín, Miguel Reinares, Amaya Castro y Alejandro Lamata y Raúl Pérez -todos ellos miembros del Consejo de Coordinación del Consejo Ciudadano Autonómico- por violar el código ético y le imputa hasta tres delitos. El primer organismo exige a la dirección nacional del partido la expulsión de estas personas o la disolución del segundo órgano interno de la formación morada.
En una carta colgada en la web de Podemos a nivel nacional, aunque el periódico El Correo tiene que constancia de que el pasado martes estuvo en la web riojana durante aproximadamente una hora, la Secretaría Anticorrupción, Transparencia y Control Democrático de Podemos La Rioja desgrana uno por uno todas sus críticas y denuncias, aportando también argumentos para cada una de ellas. A continuación, el texto.
CRÍTICAS Y DENUNCIAS
- Tramar y conspirar en contra de esta secretaría y contra su responsable, para la disposición de libertad para la manipulación orgánica de este partido para fines que incumplen nuestro código ético.
- De actuar indebidamente saltándose e incumpliendo el documento organizativo por el que se rige este partido político, además por ello comprometiendo al partido en un problema que atenta la legalidad y su sostenibilidad según vigencia de la Ley Orgánica 6/2002.
- De manipular las cuentas y desviar gastos del partido, para conveniencia de una asociación no lucrativa inscrita en la sede situada en la calle Lardero número 12 de Logroño, con la intención de adaptar el local para la venta y consumo de bebidas alcohólicas.
- Apartar a un cargo orgánico, omitiendo las funciones de la comisión de garantías democráticas, sin disposición de ningún órgano colegiado, realizando un seguimiento del proceso con todas las características propias de una dictadura.
- Manipular las convocatorias del consejo ciudadano autonómico para asegurarse de que el quórum asistente sea siempre favorable entre sus cómplices de corrupción, y otras faltas penales.
- Conspirar y dejar las decisiones críticas de este partido, en manos de otros dirigentes pertenecientes a otros partidos con la intención de intercambiar favores personales y posicionamiento político, acto que es delito según la legislación de partidos.
HECHOS
- Los mencionados son miembros elegidos como consejo de coordinación del consejo ciudadano autonómico, exceptuando a Raúl Pérez que fue posicionado a dedo cual dictadura por el secretario general.
- En La Rioja no se dispone de comisión de garantías democráticas, por lo que toda actuación de denuncia va dirigida con exclusividad al órgano competente de nivel superior, en este caso es el estatal.
- Los mencionados sin ninguna facultad para ello, redactan en suplantación de la comisión de garantías una apertura de expediente, en la que se engloban actuaciones y resoluciones tal cual como se dicta en una dictadura, sin la espera de una investigación y ni la posibilidad de presentar un recurso de defensa.
- Decidir la supresión de las funciones de un cargo electo y comunicarle tal decisión 17 días más tarde, cuando la persona ha podido tomar acciones completas en tal plazo, corrobora la negligencia y la incompetencia de quienes firmaron tal decisión. No se computa ningún documento original firmado y sellado, ni acuse de recibo, con lo que se concluye en fallo administrativo a favor del perjudicado.
- Utilizar como pruebas de mal comportamiento, capturas de mensajería telefónica englobadas dentro de conversaciones privadas, tipificado como delito en el código penal, y exponer públicamente contenidos de mensajes privados en las redes sociales, agrava más la situación.
