El derrumbe del pasado jueves en el Casco Antiguo de Calahorra ha vuelto a situar en el centro del debate una realidad incómoda: la infravivienda y la vulnerabilidad social que se concentran en una de las zonas más degradadas de la ciudad. José Andrés Pérez, director de Cáritas La Rioja, advierte de que lo ocurrido «no es puntual ni excepcional, sino la consecuencia lógica de un problema estructural».
– Desde Cáritas, ¿cómo describen la situación actual en Calahorra?
– En Calahorra vemos claramente que existe una bolsa importante de pobreza y vulnerabilidad. No tenemos cifras exactas porque no todo es cuantificable, pero lo vemos cada día en nuestra Cáritas local. Hay personas cronificadas en la exclusión desde hace años y otras que han llegado a esa situación por la inmigración, especialmente quienes están en situación administrativa irregular y no pueden acceder ni a trabajos ni a ayudas públicas. Todo eso se mezcla con un problema gravísimo de vivienda, que en los últimos años se ha agudizado de forma extrema.
– ¿El Casco Antiguo concentra especialmente estas situaciones?
– Sin ninguna duda. Ahí se produce una concentración enorme. Es una zona muy degradada, con muchísimas infraviviendas y muy poco seguimiento real de lo que ocurre dentro de las casas. Es el caldo de cultivo perfecto para que quienes no tienen recursos acaben viviendo donde pueden. Y cuando no hay alternativas, la gente se mete en infraviviendas que no reúnen ni las mínimas condiciones de habitabilidad.
– ¿Estamos ante casos puntuales o ante algo estructural?
– Esto no es puntual en absoluto. Basta con pasear para verlo. Yo nací en la calle San Andrés y he visto cómo esta zona se ha ido degradando durante décadas. Aquí no hablamos de un problema de este Ayuntamiento o del anterior, sino de al menos 40 años sin una intervención estructural. Se han hecho actuaciones puntuales, se arregla una calle, se cambia el pavimento, pero en la calle no vive la gente. Si no se interviene sobre las personas y las viviendas, el barrio se vacía y se degrada aún más.
– Uno de los fenómenos que más preocupa es el alquiler por habitaciones en condiciones indignas.
– Sí, y eso es muy grave. Se alquilan habitaciones en casas que no deberían ser habitables, a precios que pueden parecer bajos comparados con otros alquileres, pero que son desorbitados para lo que se ofrece. Y además en situaciones de hacinamiento: muchas personas en poco espacio y en malas condiciones. En Caritas, solo en 2024, ayudamos a unas 300 familias que vivían en habitaciones. Familias con niños, madres solas con hijos, parejas… Eso es durísimo.
– ¿Se está haciendo negocio con la pobreza?
– Claramente. No para hacerse millonario, pero sí para aprovecharse. Personas que tienen casas viejas, que en condiciones normales no podrían alquilar, ahora las alquilan porque hay gente desesperada. Eso es hacer negocio con la miseria, y está pasando.
– Desde el Ayuntamiento se argumenta que la Ley limita mucho la capacidad de actuar si no hay ruina inminente.
– Entiendo el marco legal, pero hay algo que no podemos olvidar: hablamos de personas. Hace dos años murió una mujer por el derrumbe de su casa. Dos años después estamos igual. Esta vez no ha muerto nadie por suerte, pero no podemos basar la seguridad en la suerte. Si solo actuamos cuando la casa ya se ha caído, llegamos siempre tarde. La seguridad y la dignidad deberían estar por encima de los trámites administrativos.
– ¿Qué papel deben jugar las instituciones?
– El primer responsable es lo público. Cáritas hace lo que puede, tenemos ocho viviendas de alojamiento temporal para familias vulnerables, pero eso no soluciona el problema. Hay gente que incluso trabajando no llega a fin de mes, con empleos precarios o intermitentes. Y hay personas que no tienen capacidad real para trabajar, por motivos personales, de salud o de su propia historia vital. No todos partimos del mismo punto de salida en la vida, y eso hay que tenerlo en cuenta.
