El Casco Antiguo de Calahorra arrastra desde hace años un problema urbanístico profundo, complejo y cada vez menos invisible. Está ahí, aunque buena parte de la ciudadanía viva de espaldas a su situación. Sólo cuando un edificio se derrumba sale a la luz el debate. A primera hora de la mañana, cuando las calles aún están en silencio, el deterioro se hace más evidente: fachadas agrietadas, portales tapiados, balcones apuntalados…, pero también niños saliendo de casas desvencijadas a la escuela, mantas tendidas en viejos cordeles o cables de la luz enganchados al tendido municipal. Y es que, aunque sólo parezca una cuestión de urbanismo, ahí viven personas. Algunas no lo hacen de forma permanente pero, que dentro de esos edificios haya personas, lo cambia todo.
Uno de los grandes obstáculos para actuar es la imposibilidad de saber con certeza cuántas personas habitan realmente estas viviendas. Muchas de ellas no están empadronadas, lo que no significa que esas viviendas estén vacías. Al contrario, se tiene constancia de accesos frecuentes a inmuebles en estado de ruina. Pero también hay gente que reside en el Casco Antiguo de forma habitual. Sólo hay que darse un paseo para comprobarlo. «Mi casa está bien», dice una vecina de la Cuesta de la Curruca, cuya vivienda consta en el registro como inmueble «con daños evidentes de mal estado».
Luego hay otros que viven en edificios directamente declarados en estado de ruina. Esa información no llega por registros oficiales, sino por los propios vecinos, que observan movimientos y alertan por el riesgo que suponen estos edificios colindantes con sus casas. «Aquí vivía un marroquí que la compró pero hace años se volvió a Marruecos; ahora vive un español pero no me diga cómo, porque no hay luz», explica otro vecino que baja con su bici de hacer la compra en el centro.
Además, hay ejemplos concretos y conocidos. Es el caso del edificio de Estrella 12 en el que residían 14 personas hasta que llegó el derrumbe. Pero también en San Andrés 3, donde fue necesario tabicar el inmueble en diciembre para impedir la entrada, una medida que también se tomó en San Andrés 6. En Catedral 14, pese a estar tapiado, se sabe que se accede por una ventana del primer piso. «Nos encontramos una vivienda donde había una mujer que dormía en una habitación sin techo», cuentan fuentes municipales. Son situaciones que generan inquietud y una sensación constante de inseguridad entre quienes sí residen de forma estable en la zona.
El problema afecta a un área muy extensa. El Casco Antiguo suma 29 hectáreas, lo que supone aproximadamente una cuarta parte de la superficie total del municipio. No es un rincón aislado ni residual, sino una parte estructural de la ciudad, cuyo deterioro condiciona la convivencia, la seguridad y cualquier estrategia de revitalización urbana a medio e incluso largo plazo.
Los datos reflejan una tendencia clara. En los últimos años se han iniciado numerosos expedientes de ruina: 4 en 2020, 13 en 2021, 10 en 2022, 19 en 2023, otros 19 en 2024 y 8 en 2025. A esto se suman los requerimientos del deber de conservación, que han ido en aumento, con 128 solo en 2025, una cifra que evidencia hasta qué punto se intenta frenar el deterioro antes de que sea irreversible.
Actualmente hay varios inmuebles en estado ruinoso que son de propiedad municipal o cuyos propietarios han ofrecido su donación o venta al Ayuntamiento. Entre ellos figuran edificios en Estrella, Mediavilla, Murallas, Palacio, Portillo de la Plaza o San Andrés. En algunos casos, estas donaciones permitirían no solo derribar, sino también reordenar el espacio urbano, ensanchar calles, mejorar la accesibilidad o incluso dotar al sector de la construcción de solares para iniciar proyectos de viviendas, algo más que necesario en esta parte histórica de la ciudad.
Sin embargo, la realidad económica marca un límite claro. A día de hoy no hay presupuesto para acometer derribos que no sean de emergencia o de edificios municipales, ni siquiera mediante ejecución subsidiaria. Hay zonas especialmente sensibles, como Curruca, García Antoñanzas o Murallas, donde el riesgo es real y creciente. En los últimos tres años, el Ayuntamiento ha gastado más de 1,5 millones de euros en sufragar 32 derribos subsidiarios, una cifra elevada que, aun así, no logra resolver el problema de fondo.
En este momento hay varios derribos en ejecución y otros proyectados pero sin financiación, además de 16 inmuebles ya declarados en ruina y al menos 72 con indicios claros de mal estado. Calles como Arrabal, Cabezo, Curruca, Murallas o Monjas concentran buena parte del problema, aunque el deterioro se extiende también a zonas más cercanas al centro, como la calle Cavas.
El Casco Antiguo de Calahorra vive así en un equilibrio frágil, sostenido por la vigilancia vecinal y la intervención municipal sin demasiado margen de maniobra, mientras el tiempo y la falta de recursos siguen jugando en contra.
