El anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de aprobar en las próximas semanas un real decreto ley para intervenir de nuevo en el mercado del alquiler ha provocado una oleada de reacciones en La Rioja desde ámbitos muy distintos. Todos coinciden en cuestionar la eficacia de las medidas, aunque por motivos opuestos. Inmobiliarias, constructores y sindicatos de vivienda discrepan en el diagnóstico y en las soluciones, pero comparten la idea de que el problema del acceso a la vivienda no se resolverá con los incentivos planteados.
La propuesta del Ejecutivo central incluye una bonificación fiscal del cien por cien del IRPF para los propietarios que mantengan congelado el precio del alquiler en 2026, un mayor control de los alquileres de temporada y por habitaciones y el refuerzo de la regulación en las zonas declaradas tensionadas. El objetivo es frenar la escalada de precios y facilitar el acceso a la vivienda en un contexto de fuerte encarecimiento del alquiler en todo el país.
Desde la Asociación de Inmobiliarias de La Rioja (AIR), su presidente, Antonio Solozábal, ha advertido de que este tipo de medidas fiscales no atajan el problema de fondo del mercado. A su juicio, los propietarios necesitan seguridad jurídica para poner sus viviendas en alquiler, especialmente ante el riesgo de impago y la dificultad para recuperar una vivienda cuando el inquilino es declarado vulnerable. Según ha señalado, muchos arrendadores optan por retirar sus pisos del mercado o venderlos tras sufrir procesos largos y costosos.
Solozábal ha alertado de un «colapso» del mercado del alquiler en La Rioja, con una oferta muy reducida frente a una demanda creciente, lo que ha llevado a una subida de precios superior al 20 por ciento en el último año. En Logroño, ha indicado, las rentas se sitúan ya entre los 650 y los 800 euros mensuales, en un contexto en el que los salarios no han crecido al mismo ritmo. AIR considera que, sin mecanismos ágiles para garantizar el cobro de la renta y la recuperación de la vivienda en caso de impago, ninguna bonificación fiscal logrará que aumente la oferta.
«En la buena dirección, pero será ineficaz en la práctica»
Una visión similar mantiene la Asociación de Empresas de Construcción, Promoción y Afines de La Rioja (CPAR-CNC), integrada en la FER, que considera que la bonificación del IRPF va en la «buena dirección», pero será ineficaz en la práctica. La patronal del sector sostiene que llega tras años de topes a las subidas, índices de precios por debajo del IPC, prórrogas forzosas de contratos y una creciente sobrerregulación en zonas tensionadas, medidas que, a su juicio, «han retraído la oferta y tensionado aún más los precios».
CPAR-CNC alerta además de que la bonificación es regresiva, ya que beneficia más a los propietarios con mayor tipo marginal de IRPF y protege únicamente a los inquilinos actuales, mientras deja fuera a jóvenes y familias que buscan acceder ahora al mercado. A esto se suma, según la asociación, el impacto negativo de las nuevas restricciones a los alquileres de temporada y por habitaciones, que considera económicamente inviables y que podrían eliminar alternativas habitacionales para estudiantes, jóvenes trabajadores y hogares con menos recursos.
Desde el sector de la construcción insisten en que, sin seguridad jurídica para los propietarios y con procedimientos de desahucio que se prolongan durante meses o años, «no habrá un aumento de la oferta de alquiler». Por ello, reclaman la derogación de la Ley de Vivienda y de las modificaciones que, a su juicio, han agravado la crisis del mercado.
«Un soborno estatal»
Frente a estas posiciones, el Sindicato de Vivienda de La Rioja ha rechazado frontalmente la bonificación fiscal propuesta por el Gobierno. Su portavoz, Álvaro Marqués, la ha calificado de «premio al rentista» y de «soborno estatal» para que los propietarios no especulen, al tiempo que critica que el Ejecutivo centre sus políticas en incentivos voluntarios a los arrendadores y no en proteger a los inquilinos.
Marqués ha denunciado que los alquileres han alcanzado máximos históricos en La Rioja mientras los salarios apenas han subido, lo que sitúa a muchas personas al borde de perder su vivienda. A su juicio, «la propuesta ignora a los inquilinos», a los que define como las «víctimas reales» del mercado, y consolida unos precios que sostienen la actual burbuja inmobiliaria. El sindicato sostiene que el problema no es la falta de viviendas, sino «la falta de voluntad política», y recuerda que en la comunidad «existen miles de pisos vacíos que podrían destinarse al alquiler».
Desde el colectivo reclaman medidas más contundentes, como la congelación y reducción de las rentas, la prórroga de los contratos firmados durante la pandemia y el impulso real de un parque público de vivienda, además de dejar de tratar la vivienda como una mercancía y reforzar su consideración como un derecho social.
Así, aunque con diagnósticos y propuestas muy diferentes, los tres actores coinciden en señalar que las medidas anunciadas por el Gobierno no resolverán a corto plazo la crisis del alquiler en La Rioja, marcada por una fuerte escasez de oferta, precios en máximos y crecientes dificultades de acceso a la vivienda.
