Pese a que ninguna gran plataforma ha dado aún el paso de implantarse en La Rioja –aunque este medio ha avanzado el interés de Bolt por hacerlo-, los vehículos de transporte con conductor (VTC) forman parte habitual del paisaje en las carreteras de la región. Más, incluso, que en cualquier otro punto del país.
No lucen rótulos de Uber o Cabify, pero a diario circulan por La Rioja vehículos con chófer contratados para todo tipo de servicios: traslados de visitantes a bodegas, desplazamientos de grupos de ocio o rutas personalizadas para particulares. Lo llamativo es que, pese a la ausencia de estas plataformas, ninguna otra comunidad autónoma presenta una proporción tan elevada de VTC en relación con las licencias de taxi. De hecho, La Rioja es la única región española donde hay más vehículos con conductor que taxistas.
Los últimos datos del Ministerio de Transportes confirman esta singularidad. Mientras la ratio media estatal se sitúa en una autorización de VTC por cada 2,7 licencias de taxi, La Rioja rompe la tendencia y se configura como la única comunidad donde estos servicios superan en número a los taxis. En el extremo opuesto se encuentran Aragón (con nueve taxis por cada VTC), País Vasco (relación 6,5 a 1) y Castilla y León (5,6 a 1).
El análisis por provincias revela un escenario todavía más excepcional. De las 52 existentes, solo tres cuentan con más VTC que taxis: Cuenca (103 frente a 155), La Rioja (159 frente a 173) y Málaga (2.758 frente a 2.762). Y destaca el caso malagueño, donde pese a ser la cuarta ciudad de España con más taxis en circulación —solo por detrás de Madrid, Barcelona y Valencia— la presencia de VTC prácticamente iguala a la del taxi.
Nueve de cada diez VTC riojanos operan en Logroño
Según los registros del Ministerio, La Rioja tenía 173 licencias de VTC a 1 de noviembre. Pero una reciente solicitud informativa de NueveCuatroUno al Gobierno regional eleva la cifra hasta 191 autorizaciones, de las que 102 corresponden a vehículos de cero emisiones y 89 a modelos con motor de combustión.
Esa ‘ventaja’ de las VTC frente al taxi se dispara en Logroño, donde reside la mitad de la población riojana. De las 191 licencias activas, 170 pertenecen al término municipal de la capital, que cuenta hoy con 95 taxis y hace unos meses abrió una convocatoria para otorgar 15 nuevas licencias. La ciudad, por tanto, concentra un volumen de VTC superior al de provincias enteras como Álava (150), Vizcaya (135) o Guipúzcoa (37), y supera también a otras demarcaciones como Valladolid (166), Granada (154), Gerona (96), León (60) o Burgos (49).
Las idas y venidas de la regulación
La convivencia entre taxis y VTC ha sido fuente constante de tensiones desde que Uber y Cabify aterrizaron en España hace más de una década. Los taxistas denunciaron una competencia desleal, mientras las administraciones trataron sin demasiado éxito de equilibrar ambos modelos.
El taxi riojano, durante una movilización nacional contra las VTC en 2019.
Hasta 2009 regía la LOTT (Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres), que fijaba un máximo de una licencia de VTC por cada 30 de taxi. Ese equilibrio se quebró con la transposición de la directiva Bolkestein de la Unión Europea, que eliminó la histórica ratio 1/30 en un contexto de liberalización que disparó la solicitud de licencias.
En 2017, en plena oleada de protestas del sector del taxi, el Gobierno de Mariano Rajoy reinstauró la ratio 1/30 para frenar la expansión de los VTC. Un año más tarde, ya con Pedro Sánchez al frente del Ejecutivo, llegó el conocido como ‘Decreto Ábalos’, que devolvió a comunidades autónomas y ayuntamientos la potestad de regular estas licencias, recomendando la misma ratio pero permitiendo restricciones adicionales.
La maraña normativa aún se complicó más en 2023, cuando una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea avaló que los ayuntamientos puedan imponer límites a las licencias en función de criterios no económicos —como la congestión del tráfico o las emisiones de gases contaminantes—, lo que ha fragmentado todavía más el mapa regulatorio.
En este contexto disperso, en La Rioja el Gobierno autonómico tramita las licencias «por delegación nacional», pero carece de un marco regulatorio propio. Una ausencia que operadoras como Bolt reclaman subsanar para dotar al sector de mayor seguridad jurídica y garantizar criterios homogéneos en la prestación del servicio dentro del territorio nacional.
