La reciente convocatoria para cubrir 19 plazas del cuerpo de Gestión de la Comunidad Autónoma de La Rioja ha desatado una ola de indignación entre los opositores. Tras más de un año de espera desde la publicación de la convocatoria, el examen se celebró el pasado mes de septiembre con la participación de más de quinietos aspirantes. Sin embargo, la sorpresa llegó cuando se publicaron las notas: ningún candidato logró superar el primer ejercicio, dejando desiertas todas las plazas ofertadas.
Muchos opositores han manifestado su frustración, denunciando que el examen fue «extremadamente exigente» tanto por el contenido como por el tiempo disponible. «Catorce páginas de examen en 45 minutos… era inabarcable», lamentaba una opositora, que aseguró que «no es razonable que nadie haya aprobado después de tanto esfuerzo y preparación». Entre el desconcierto y la indignación, algunos apuntan a una posible falta de adecuación entre la prueba y las funciones reales del puesto.
«Nos hacen sentir que no estamos a la altura, cuando lo que falla es el diseño del proceso», critica otra aspirante, que denuncia también una «falta de respeto hacia el tiempo y el dinero invertido». Los opositores consideran que el formato del examen -por su dificultad y escasa claridad- pone en cuestión la transparencia del proceso y la equidad entre candidatos. Incluso, algunos han llegado a plantear la posibilidad de recurrir la convocatoria ante la Administración.
El malestar se ha extendido con rapidez. «¿Cómo va a funcionar la Administración si las plazas quedan vacantes? ¿Van a tirar de interinos otra vez?», se preguntan varios opositores, que ven en esta situación un nuevo ejemplo de precariedad en el empleo público. Según denuncian, los puestos podrían acabar siendo ocupados temporalmente, «como si fueran premios de lotería”» sin pasar por los criterios de mérito y capacidad que exige la ley.
Desde el Gobierno de La Rioja han reconocido que la situación «no es deseable», aunque recuerdan que los tribunales de oposición son órganos «independientes y soberanos» en sus decisiones, por lo que el Ejecutivo no puede intervenir en sus resoluciones. Aun así, la Administración autonómica se muestra «plenamente consciente de la inquietud de los opositores» y reconoce que esta circunstancia tampoco beneficia al funcionamiento de los servicios públicos.
Como respuesta inmediata, el Ejecutivo riojano ha anunciado dos medidas: convocar de manera urgente un nuevo proceso selectivo antes de que finalice el mes y revisar la normativa técnica de los exámenes. Entre los cambios previstos se incluirán una reducción del número de preguntas y un incremento del tiempo disponible para completarlas, con el objetivo de «garantizar pruebas más equilibradas y justas que permitan atraer talento a la Administración Pública».
