El Tribunal de Cuentas (TC) solicita al Gobierno riojano y al Parlamento regional impulsar los cambios normativos en la definición de los criterios de pertenencia de las entidades al sector público autonómico, especialmente, en el caso de las fundaciones y los consorcios públicos.
El objetivo es que se tengan en consideración no solo criterios patrimonialistas basados en la participación mayoritaria del Gobierno de La Rioja en su dotación fundacional o patrimonio, sino en el control de la gestión y nombramiento de los miembros de sus órganos directivos y financiación de las actividades de la entidad.
Así consta en la resolución de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, publicada este jueves en el Boletín Oficial del Estado, en relación al informe de fiscalización de la Cuenta General de la Comunidad Autónoma de La Rioja de 2021.
Entre otros aspectos, el Tribunal de Cuentas recomienda a la Comunidad Autónoma de La Rioja a promover la elaboración y rendición de una Cuenta General única, que permita una visión global de la gestión económico-financiera del sector público de la comunidad.
Entre las recomendaciones también esta modificar la Ley de Hacienda de La Rioja para configurar la Cuenta General de la Comunidad Autónoma de La Rioja como una cuenta única compresiva de toda la actividad pública autonómica, mediante la consolidación de las cuentas de las entidades que integran el sector público de la Comunidad Autónoma de La Rioja.
Le insta también a solicitar a la Consejería de Hacienda definir la estructura y contenido de los presupuestos de capital que deben elaborar las entidades que conforman los sectores públicos empresarial y fundacional de la comunidad.
Completar un plan de igualdad, que promueva la aprobación de un plan estratégico de igualdad de hombres y mujeres en el Servicio Riojano de Salud y en la Fundación Hospital de Calahorra, es otra de las recomendaciones.
