La Central Sindical Independiente y de Funcionarios sindicato mayoritario en las Administraciones Públicas y con presencia creciente en la empresa privada se ha concentrado este martes en el Centro Penitenciario de Logroño para denunciar las últimas agresiones sufridas por compañeros.
El 4 de julio, varios funcionarios de prisiones fueron agredidos cuando realizaban un cacheo rutinario a un interno, en lo que desgraciadamente no es un hecho aislado ya que meses atrás ya se habían producido este tipo de situaciones por las cuales varios funcionarios necesitaron asistencia hospitalaria. Por otro lado, el pasado 8 de julio una psicóloga fue agredida sexualmente en la prisión de Sevilla II.
No se trata de incidentes aislados: en los últimos años se han multiplicado las agresiones sexuales y físicas a trabajadoras y trabajadores penitenciarios, por lo que urge tomar medidas. En los centros penitenciarios españoles se producen una media de una agresión cada 16 horas, más de 1.000 en los últimos dos años. El problema no es el aumento del número de agresiones sino también de su gravedad y la mayor agresividad de los internos que en los últimos tiempos son trasladados a este centro penitenciario.
Cabe señalar que la prisión logroñesa es un centro de categoría C y por tanto no dotado de medios materiales y humanos para hacer frente a este tipo de internos propios de prisiones de categoría A o B.
Los centros de categoría C se caracterizan por contar con población penitenciaria de bajo perfil conflictivo, en régimen de semilibertad o con aplicación de penas y medidas alternativas. Por lo tanto, este tipo de presos no son susceptibles de ser trasladados al centro logroñés. Si la Administración quiere que La Rioja cuente con esta tipología de presos deberían reclasificar el centro pasándolo a categoría B y reforzando los recursos materiales y humanos para este tipo de centro.
CSIF exige una respuesta eficaz e inmediata por parte de la administración, la revisión y mejora de la clasificación interior de los internos, la depuración de responsabilidades, la dotación de sistemas adecuados de emergencia y aviso ante incidentes y el reconocimiento legal de agentes de autoridad de las empleadas y empleados públicos penitenciarios.
Estos hechos reflejan un deterioro estructural del sistema penitenciario derivado de una clasificación interior “buenista”, que busca más el maquillaje estadístico que atender a una realidad penitenciaria en un contexto de aumento de población reclusa
