En la residencia Los Manitos de Calahorra un grupo de mujeres sostiene cada día el cuidado de más de un centenar de personas mayores. Son auxiliares de enfermería. La mayoría llevan años en el centro. Muchas de ellas, interinas. Ninguna con plaza fija. Y todas comparten la misma sensación: algo se ha roto desde hace un par de años. «Nunca había pasado esto hasta ahora».
No se atreven a dar sus nombres por el miedo a posibles represalias, pero durante los últimos días, han decidido dar un paso al frente para visibilizar lo que, aseguran, sucede puertas adentro: falta de personal, agresiones reiteradas, sistemas de atención ineficaces y, sobre todo, una creciente sensación de abandono institucional.
Uno de los ejes del conflicto tiene nombre propio: Liberacare, un sistema de atención impulsado por una empresa externa que propone eliminar todo tipo de contenciones físicas y reducir el uso de medicación en personas mayores. En teoría, busca preservar su autonomía. En la práctica, según relatan las trabajadoras, ha supuesto una pérdida de control y seguridad tanto para los residentes como para el personal.
«Se eliminaron contenciones sin una alternativa real», explican. Las camas a ras de suelo, las medias barreras —instaladas como medida de prevención— son ineficaces.
La filosofía de Liberacare plantea también una reducción masiva de medicación psiquiátrica o ansiolítica. Pero las auxiliares denuncian que, lejos de hacerse con criterios clínicos individualizados, se ha llevado a cabo de forma generalizada, sin evaluaciones personalizadas, ni seguimiento especializado inmediato.
«Los mayores no tienen la culpa»
Lo que más les duele, insisten, no son las dificultades del trabajo en sí. Son las agresiones -cada vez más habituales-, los gritos, las amenazas. No son todos los usuarios. Son media docena. Pero la situación es insostenible. Puñetazos, moratones, uñas marcadas en la piel. No es que los mayores tengan intención de hacer daño, dicen. Es que no reciben el tratamiento adecuado.
«Una persona con ansiedad, desorientación no necesita comprensión solamente. Necesita intervención, necesita ayuda médica». Explican que se registran episodios de violencia constantemente, pero que esos informes no aparecen reflejados en los partes oficiales. Que se enfrentan a conductas peligrosas sin refuerzos. «A una compañera le tuvieron que dar puntos en el paladar». Que si una persona se vuelve agresiva, no hay mecanismos eficaces ni rápidos de contención, ni protocolo que se aplique con seriedad.
Han llegado a trabajar cinco personas para asear o cambiar a un solo residente. Otras veces, deben elegir entre ayudar a un usuario o vigilar una galería entera. No dan abasto.
La mayoría de la plantilla denuncia estar bajo mínimos. En turnos de tarde pueden llegar a estar diez trabajadoras menos que por la mañana. Los fines de semana se reducen aún más. A veces, solo hay trece auxiliares para todo el centro.
La situación hace que las auxiliares tengan que sostener situaciones que no les corresponden. «Si un residente se descompensa, no puedes esperar seis meses a ajustar una pauta. Necesita ayuda ese mismo día, esa misma tarde».
Los efectos no son solo físicos. El impacto psicológico es profundo. «Hay compañeras que ya no registran las agresiones porque sienten que no sirve de nada. Que no se va a hacer nada. Que no se va a leer, ni a investigar, ni a actuar». Algunas de ellas están recibiendo ayuda psicológica. «No nos la ponen en el centro como se ha dicho, nos la tenemos que pagar nosotras».
También hay reproches a la dirección. Denuncian que no se sienten escuchadas. Que cuando han pedido más apoyo, la respuesta ha sido la negación, o incluso la culpabilización. «Dicen que no sabemos hacer nuestro trabajo. Que lo que queremos es tener a los mayores dormidos para no trabajar. Y es todo lo contrario».
Lo que quieren, insisten, no es medicar para sedar, sino tratar para cuidar. Porque una persona mayor angustiada, que grita toda la tarde, no solo sufre ella: sufre todo el entorno, incluso sus compañeros de residencia.
Aunque hay aspectos claramente vinculados a las condiciones de trabajo, las auxiliares insisten en que esto no es solo una queja laboral. Es un grito de auxilio. Se sienten utilizadas, desacreditadas y expuestas. Muchas tienen miedo. Miedo a ser señaladas, a sufrir represalias. Pero también miedo a seguir callando y que nada cambie. Por eso decidieron organizarse. Hablar. Reunir firmas. Hacer una votación. Y levantar la voz.
«Trabajamos con humanidad. Exigimos dignidad». No es un eslogan. Es el cartel que cuelga —pequeño, pero firme— en una de las paredes de Los Manitos. Es también el resumen de una lucha silenciosa que necesita ser escuchada.
