La Audiencia Nacional sigue tomando declaración a los presuntos implicados en la trama de cobro de mordidas a cambio de obras públicas, coordinada -según la Guardia Civil- por Koldo García, Santos Cerdán (en prisión incomunicada y sin fianza) y el exministro José Luis Ábalos. Lo hace sobre la base de un amplio informe de la Unidad Central Operativa (UCO) del instituto armado, que plasma en medio millar de páginas el ‘modus operandi’ del entramado.
Buena parte de esas 490 páginas las dedica la Guardia Civil en lo que ha venido a denominarse «Bingo!!! en Logroño», una expresión que resume la ahora sospechosa adjudicación del tramo Arrúbal-Navarrete de la Ronda Sur (un contrato de 92 millones de euros) a través de las palabras del director general de Carreteras, Javier Herrero, en abril de 2019.
Es precisamente ese contrato sobre el que pivota –según información de El Mundo– el oficio con el que el juez justifica los registros en los domicilios de Herrero e Isabel Pardo de Vera (presidenta de Adif). Dicha adjudicación presenta, a ojos del instructor, numerosas particularidades que confluyen en el famoso «bingo» escrito por Javier Herrero a Koldo cuando Acciona (en UTE con Aquaterra) se hizo con el jugoso contrato para la Ronda Sur.
La oferta presentada por Acciona acabó siendo considerada como «la más ventajosa» de las doce que concurrieron al concurso, al prometer ejecutar los trabajos por 111,8 millones de euros si que la mesa de contratación lo considerase baja temeraria. Sin embargo, El Mundo relata cómo la oferta mutó de la más económica a la más cara tras el proceso de adjudicación, cuando el Ministerio de Transportes aceptó un importante modificado del convenio: pasó a sustanciarse en 133 millones de euros, con una duración de los trabajos de 60 meses (16 más que los establecidos inicialmente).
Por entonces (mayo de 2022) ya no estaba Ábalos al frente de Transportes (fue relevado por Raquel Sánchez), pero en la estructura del Ministerio sí seguía Javier Herrero como director general de Carreteras. Un gabinete que justificó el cambio del contrato por «necesidad de obras, servicios o suministros adicionales a cargo del contratista/concesionario inicial».
No fue la única alteración de las condiciones que llevaron a Acciona a conquistar el contrato del tramo Arrúbal-Navarrete. Dos años después del primer modificado, Transportes (ahora con Óscar Puente al frente) aprobó otro más que elevaba el precio de la obra en algo más de un millón de euros. Con esta segunda modificación, el contrato de la Ronda Sur de Logroño alcanzó los 134,17 millones de euros, esto es, un 20 por ciento más de lo previsto en el momento de la adjudicación.
Cabe reseñar que este no fue el único gran contrato de obra pública que ha requerido de modificados a lo largo de los últimos años, marcados por el encarecimiento de las materias primas a consecuencia de la guerra en Ucrania. En cambio, lo que resulta más sospechoso para el juez y para la Guardia Civil es que Acciona fuera capaz de ganar numerosos concursos sin plantear las ofertas más económicas, y que posteriormente se beneficiara de forma recurrente de los modificados de contratos.
Cerdán y Merino
Aunque negó haber cobrado mordida alguna por ella, Santos Cerdán sí admitió ante el Tribunal Supremo que medió para impulsar la adjudicación de la Ronda Sur de Logroño, dado su interés electoral para el Partido Socialista, con el horizonte de los comicios municipales y autonómicos de 2019 (Concha Andreu se alzó como presidenta del Gobierno tras la cita con las urnas).
Menos aún quiso explicar de este contrato ante el alto tribunal Fernando Merino, pese a que en el momento de su adjudicación era el responsable de Acciona para La Rioja y Navarra. El exdirectivo de la constructora (cesó de sus funciones en 2021) reconoció el intercambió de mensajes con Koldo para conocer el estado de expedientes de obra pública, aunque aseguró que «no tenían ninguna intencionalidad» más allá de informarse.
Sobre Santos Cerdán, Merino declaró que lo conoció en 2014 en una ronda de encuentros con agentes sociales, cuando el dirigente socialista estaba en la oposición en el Parlamento navarro, negando haber pagado mordidas a Cerdán, Ábalos o cualquier otro investigado. También defendió que carecía de capacidad para influir en las adjudicaciones de obras nacionales como las que aparecen en el sumario.
Tras su declaración ante el Supremo (el pasado lunes), el juez impuso a Merino medidas cautelares: prohibición de salir de España, retirada de pasaporte y obligación de comparecer periódicamente en el juzgado, tal y como solicitó la Fiscalía.
