Los adolescentes de 13 a 17 años son el grupo más afectado por la pobreza infantil, que alcanza al 34 por ciento de los menores en España después de haber empeorado en varias comunidades, en especial en La Rioja, en más de diez puntos.
El riesgo de pobreza y exclusión social se eleva al 35,8 por ciento en los adolescentes por la falta de medidas de protección para una franja de edad en la que además el coste de crianza para las familias es más alto, ha explicado esta semana el director de la Plataforma de Infancia, Ricardo Ibarra, en la presentación del informe ‘Análisis de la Encuesta de Condiciones de Vida con Enfoque de Infancia 2025’.
Más de 2,7 millones de menores viven en riesgo de pobreza y exclusión social en España, una cifra que ha aumentado respecto al año anterior y que supone el tercer dato más alto de la serie histórica con niveles cercanos a los de 2015, recoge este estudio basado en la Encuesta de Condiciones de Vida de 2024 del Instituto Nacional de Estadística (INE).
Influye el lugar de residencia: el 35,7 por ciento de la infancia de zonas rurales está en riesgo de pobreza y exclusión social -por encima de la media- mientras que en las ciudades es de 32,8. Además, es mayor en las familias con padres y madres extranjeras, el riesgo de pobreza llega al 67,9 por ciento de esos hogares, mientras que es del 23,6 en las familias con madres o padres de nacionalidad española.
En cuanto a las diferencias regionales son profundas: entre el 44,4 por ciento de tasa de riesgo de pobreza y exclusión infantil de Andalucía y el 16 por ciento de Galicia.
El análisis explica que ocho comunidades autónomas empeoran, sobre todo La Rioja que ha subido sus tasas de pobreza en más de 10 puntos porcentuales en un solo año, mientras que mejoran en mayor medida Galicia y Baleares, que han bajado sus tasas de pobreza unos 9 puntos.
Entre las propuestas de las entidades de infancia, crear una ayuda universal para la crianza; mejorar el acceso al Ingreso Mínimo Vital; asegurar un mínimo de permiso remunerado de cuatro meses para madres y padres y aumentar el gasto público en becas y ayudas al estudio hasta el 0,44 por ciento del PIB en 2025. «Falta protección social y medidas suficientes; si no hay medidas compensatorias son los niños los que más sufren», ha concluido Ibarra.
