La delegada del Gobierno en La Rioja, Beatriz Arraiz, ha comparecido este jueves para valorar el nuevo Pacto de Estado contra la Violencia de Género que fue aprobado el 26 de febrero. La delegada lo considera «un avance más en la igualdad y la libertad de las mujeres».
Para poder desarrollar las 462 medidas de este pacto, se ha dotado de una financiación adecuada y se contempla aumentar la financiación en un 50 por ciento, lo que se traduce en 1.5 millones para los próximos cinco años. 160 millones se destinarán a las comunidades autónomas, 100 millones anuales a la Administración General del Estado y 40 millones para los ayuntamientos. Aún se desconoce cuánto se va a destinar a La Rioja, pero la delegada ha recordado que en 2024 se destinaron 2.1 millones y que está previsto que se incremente. A día de hoy, en La Rioja, hay 931 casos activos de violencia de género; 11 de ellos en riesgo alto.
«El Gobierno de España tiene el propósito claro de avanzar en nuevos mecanismos para combatir todas las formas de violencia machista». También ha arremetido duramente contra VOX, afirmando que es necesaria la creación de un «cordón sanitario frente al negacionismo, en este caso y en este país de un partido político que es VOX. Un partido, claramente retrógrado tal y como ha demostrado el hecho de que fue el único partido que vota en contra de esta renovación del pacto».
Este nuevo pacto incluye 462 medidas, frente a las 290 del anterior que se aprobó en 2017. «Un nuevo pacto mejorado y ampliado», afirma Arraiz, que presenta medidas que buscan reforzar la defensa de las mujeres y los menores en cuestiones como la violencia vicaria, la violencia económica y la violencia digital.
Con respecto a la violencia vicaria, uno de los puntos más importantes es la introducción de una reforma de la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. Esta reforma va a incluir como «víctimas de violencia de género a aquellos menores que son víctimas de violencia vicaria tras la ruptura de la convivencia familiar». A su vez, se van a ampliar los sistemas de valoración de riesgo de violencia de género para adaptarse «a estas víctimas menores de edad».
También se va a proceder a desarrollar legalmente el reconocimiento de hijos e hijas víctimas de violencia de género como víctimas directas. Lo que va a permitir que puedan acceder a los recursos destinados específicamente a las víctimas de violencia de género.
La delegada gubernamental ha afirmado, que «se va a reconocer, definir y regular la violencia económica como una forma de violencia de género». Este tipo de violencia engloba toda acción de limitar, suprimir o controlar, de manera injustificada e intencionada, el acceso de las mujeres a los recursos económicos de la familia.
Por último, con respecto a la violencia digital, se refiere a «todo acto de violencia contra las mujeres cometido con la asistencia, en parte o en su totalidad, del uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, o agravado por este».
Para ello, se aprobará una ley para la protección de las personas menores de edad en los entornos digitales, con especial atención a la prevención de la violencia de género en todas sus manifestaciones.
El nuevo Pacto de Estado contra la Violencia de Género sancionará a todos aquellos que sin autorización de la persona afectada o con ánimo de causarle daño, «difundan, exhiban o cedan su imagen corporal o audio de voz» y también aquellas creadas con inteligencia artificial.
Se fomentará adoptar y realizar el seguimiento de sistemas que permitan detectar y eliminar comentarios e hilos que inciten o promulguen la violencia de género. A esto se suma la realización de campañas de sensibilización sobre los tipos de violencia sexual que se manifiestan en el ámbito digital.
Beatriz Arraiz ha señalado que en este pacto se incorporan «medidas enfocadas con mayor énfasis en la infancia, juventud, mujeres mayores, migrantes, mujeres con discapacidad y mujeres rurales». Con respecto a estas últimas, se van a reforzar los mecanismos de atención a las víctimas, así como las campañas de sensibilización, porque «existe en este entorno mayor dificultad a la hora de que una mujer que esté sufriendo violencia de género denuncie».
Además, se va a fortalecer la colaboración entre administraciones para mejorar la red de recursos habitacionales destinados a las víctimas de violencia de género y a sus hijos e hijas.
Otra de las medidas que incluye es un plan de intervención para la atención integrada «a las mujeres que no interponen denuncia o que desisten del procedimiento». Por último, en cuanto a medidas judiciales, la delegada gubernamental ha señalado que «se proponen medidas legales para impedir que el pago de las pensiones alimenticias se utilice para intentar modificar el régimen de visitas o para forzar acuerdos en los convenios reguladores, así como para evitar que puede utilizarse como forma de venganza a la víctima».
