Juan Carlos es desde hace décadas educador social y durante años ha dedicado su labor a la atención y protección de menores en situación de vulnerabilidad. Durante varios años trabajó en la Fundación Diagrama, entidad encargada de gestionar los pisos de menores tutelados en La Rioja, así como el centro Valvanera y el ya clausurado centro Iregua, que cerró sus puertas en septiembre de 2023. Su experiencia en alguno de estos centros le ha permitido conocer de primera mano las graves carencias de un sistema, donde los profesionales en la mayoría de los casos hacen lo que pueden por ofrecer apoyo a estos jóvenes pero se enfrentan a la falta de recursos, una legislación eficaz cada vez más laxa y problemas estructurales que, lejos de resolverse, se agravan con el tiempo.
La protección de menores sigue siendo «un tema tabú, un problema que la sociedad prefiere ignorar hasta que estalla en los titulares«. Entonces, las reacciones son inmediatas: indignación, sorpresa y la búsqueda de culpables. Sin embargo, detrás de cada caso hay un sistema desbordado, profesionales sin recursos suficientes y una legislación que no ha evolucionado al ritmo de las necesidades reales.
Pero el problema no es la inacción de los trabajadores, como a veces se quiere hacer ver. «Eso es una visión simplista e injusta». El verdadero problema es que no tienen herramientas ni una legislación adecuada para abordar estas situaciones. «Estamos intentando contener un problema enorme con medios insuficientes, y esto no es algo exclusivo de La Rioja, está pasando en todas las comunidades”.
La realidad de estos centros es compleja. Acogen a jóvenes con historias difíciles, marcadas por la violencia, el abandono o la explotación. Muchos llegan con problemas emocionales y conductuales graves, que requieren un enfoque multidisciplinar que rara vez se les puede ofrecer.
Los jóvenes que llegan arrastran historias complejas, marcadas por el abandono, la violencia o la falta de referentes, problemas profundamente arraigados que van más allá de lo que un centro puede solucionar. «Los educadores somos los soldados de a pie», se intenta pero «en la mayoría de las ocasiones es imposible trabajar con ellos».
«Claro que los trabajadores denunciamos las situaciones». Son continuos los informes que se remiten pero «ahí entra después la policía, la investigación, el juzgado». Muchas veces muchas cosas no se pueden ni demostrar porque hay a chicas que «les ofrecen una felación a cambio de una ‘china’, ni siquiera ellas son conscientes de que eso es explotación infantil«.
Cuando leemos noticias como las que han salido a la luz estos días, «tendemos a imaginar a un adolescente común, alguien que, si no regresa a casa a su hora, al otro día se le puede castigar sin salir el fin de semana siguiente». Pero la realidad en los centros de menores es muy diferente. Hay jóvenes que desaparecen durante días o incluso semanas sin que los educadores puedan hacer nada para evitarlo. Se da aviso a la policía, se inicia su búsqueda y, en muchos casos, aparecen en casa de sus padres, de sus parejas o incluso de sus ‘suegros’.
Juan Carlos, sin embargo, no es ajeno a los problemas del sistema. «Estamos intentando educar a estos jóvenes con medios obsoletos, sin prestar suficiente atención a la desigualdad, la falta de recursos o incluso la carencia afectiva que muchos de ellos enfrentan».
En los centros, consideran que el día ha sido exitoso si no surgen conflictos graves, si los niños asisten a clase, se alimentan, gozan de buena salud y mantienen una higiene digna. Pero la realidad y el principal problema es que «no reciben una formación psicosocial adecuada». Al final, simplemente transitan por el centro y regresan a la misma situación —o incluso a una peor— de la que intentaban escapar. En muchos casos, «salen como pueden», sin un verdadero cambio en sus vidas.
Las malas compañías además se unen a todo esto y estos jóvenes no siempre con las víctimas. No hay mas que recordar que en el asesinato de Isam dos de las menores implicadas estaban tuteladas por el Gobierno de La Rioja que tuvo que pagar 242.000 a la familia del joven asesinado.
A menudo, la principal preocupación de los trabajadores es simplemente evitar agresiones físicas, escupitajos, insultos o conflictos, lo que algunos terminan aprovechando. «Ni el sueldo ni la vocación deberían justificar el tener que soportar estas situaciones». Los informes sobre lo que ocurre en los centros son constantes, pero la legislación sigue siendo la que es. «Estamos con las manos atadas» dice poniendo en el punto de mira que la externalización de estos servicios complica mucho más la situación.
Mientras los profesionales hacen lo que pueden con recursos insuficientes, los jóvenes siguen atrapados en un sistema que no logra romper el ciclo de vulnerabilidad y que ha terminado saliendo a la luz por los casos de explotación sexual infantil de menores que parecen ser solo la punta del iceberg de un problema mucho mayor.
