La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha convocado una jornada de huelga para el próximo 13 de febrero, ante la incertidumbre en la atención sanitaria del personal funcionario por la falta de un acuerdo definitivo entre Gobierno y aseguradoras que permita la firma del próximo concierto sanitario.
Desde CSIF han valorado el acercamiento de posturas con Adeslas conocido este fin de semana y la voluntad de Muface para alcanzar un acuerdo modificando las condiciones ofrecidas a las aseguradoras y dejando sin efecto el plazo de presentación de ofertas. «Sin duda, este nuevo movimiento se debe gracias a la presión de nuestra organización, trasladando el sentir de miles de mutualistas y sus familias, que han visto comprometida su atención sanitaria», han explicado. Por este motivo, CSIF ha decidido mantener las medidas de presión hasta que conozcan un acuerdo concluyente que termine con la incertidumbre de sus mutualistas.
La convocatoria de huelga afecta a más de medio millón de personal funcionario de toda España en diferentes ámbitos: personal docente (tanto universitario como no universitario), centros de la Administración General del Estado (ministerios, organismos y dependencias adscritas, organismos oficiales y delegaciones de Gobierno, entre otros) y al personal funcionario de Correos. Los funcionarios de Policía también se ven concernidos, aunque no tienen reconocido el derecho a la huelga. Además, JUPOL, como sindicato mayoritario de la Policía Nacional, apoya la convocatoria de CSIF.
Además, durante la jornada de huelga convocarán una concentración para que todos los ciudadanos que lo deseen puedan sumarse a la protesta.
CSIF lamenta el perjuicio que se pueda generar sobre los ciudadanos, pero «nos hemos visto obligados a elevar el tono de la protesta por los graves perjuicios generados sobre los mutualistas y sus familias, dado que se está jugando con su salud».
Por otra parte, CSIF recuerda que a diario les siguen llegan centenares de quejas por anulaciones y retrasos de citas médicas, pruebas diagnósticas e intervenciones quirúrgicas, debido a la falta de acuerdo entre Gobierno y aseguradoras. Por esto, han decidido poner en conocimiento de la Fiscalía General del Estado estas situaciones de desatención, ante las responsabilidades que pudieran derivarse.
De manera paralela, CSIF está asesorando a las personas afectadas por esta situación para que eleven su queja tanto a Muface como a las aseguradoras y en su caso, les respaldará en las acciones jurídicas que correspondan, en la vía administrativa, civil o penal.
Asimismo, emplazan al Gobierno a que aborde esta cuestión sin más dilaciones y con transparencia. «Exigimos la convocatoria inmediata del Consejo General de Muface para analizar la situación, que publique el informe elaborado por la AIReF sobre la eficiencia del sistema de mutualidades, y los cálculos de las aseguradoras sobre rentabilidad que el Gobierno tampoco ha hecho público».
Por último, desde CSIF, exigen al Gobierno que presente de una vez por todas una oferta económica que permita la viabilidad del modelo sanitario, con una asistencia de calidad que sus mutualistas han dejado de recibir.
