Un proceso de ocho años para llegar a una «sentencia contundente, clara y que pone las cosas en sus justos términos». Así han descrito desde el Consejo Regulador de la DOCa Rioja el fallo a su favor emitido por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco y que pone fin -salvo recurso de casación- al proyecto de creación de la DOP ‘Viñedos de Álava – Arabako Mahastiak’. Una sentencia, dictada este martes 5 de noviembre, «desfavorable» para la iniciativa impulsada por la Asociación de Bodegas de Rioja Alavesa (ABRA), que pretendía crear una denominación de origen independiente de Rioja para los vinos alaveses con su propio Consejo Regulador.
Desde el Consejo Regulador de la DOCa Rioja reconocen, sin embargo, que «no hay nada que celebrar». El director general, José Luis Lapuente, y la letrada de este organismo, María Ángeles Nalda, han valorado este viernes el contenido de la sentencia y las consecuencias derivadas. «No es una victoria para Rioja y creo que pierde la Denominación. El daño está ahí. Es un sinsabor bastante amargo y hemos dedicado esfuerzos ingentes que podríamos haber empleado en otras cosas. Al final no es una cuestión de revanchismo, no va de quién paga la fiesta, pero sí va a dejar patente que hay un coste», ha reconocido Lapuente.
Esta sentencia, en cualquier caso, no es firme, por lo que tanto el Gobierno vasco, como parte demandada, y ABRA, como promotora de la DOP y como coodemandada, tienen de plazo treinta días para decidir si presentan o no un recurso de casación ante el Tribunal Supremo. «Barredo -consejera vasca de Agricultura- ha tenido conversaciones con Fernando Ezquerro, el presidente de la DOCa, para trasladarle que estaban analizando el contenido de la sentencia. Además, por nuestra parte hemos puesto en conocimiento del Ministerio de Agricultura dicha sentencia y nos ha transmitido que la enviará a Bruselas», ha explicado el director general.
De una manera explícita y detallada, la letrada del Consejo Regulador ha desglosado un procedimiento que ha durado cuatro años y ha acabado con un «fallo muy contundente» en el que se refleja que «no se cumple con el reglamento comunitario». De hecho, Nalda remarca que «no hay nada que celebrar porque es la primera vez que el Consejo Regulador demanda a alguien de la casa, así que la sensación es de tristeza».
FOTO: EFE/ Raquel Manzanares.
Todo comenzó en 2016 cuando se puso de manifiesto un pliego para una nueva Denominación de Origen que, según el Consejo Regulador, no encajaba en la legalidad. En 2017 surgió el debate y aprobación de las nuevas indicaciones en Rioja en las que se podía concretar en la etiqueta de los vinos el municipio del que procedía este vino, dando mayor relevancia al territorio. Esto provocó que la propuesta de ABRA quedara aparcada a la expectativa de ver cómo evolucionaba todo, pero después volvió a ponerla sobre la mesa. En 2020 el Gobierno vasco acogió la iniciativa, por lo que el Consejo Regulador presentó las alegaciones oportunas. Rioja comenzó así un proceso administrativo, primero, y luego judicial en 2021.
«La sentencia del TSJPV se basa en dos informes. El primero lo solicitamos en 2020 al Ministerio de Agricultura para contrastar que nuestra tesis y argumentos eran válidos y el Ministerio argumenta, entre otras cosas, que la nueva DOP ofrecía exactamente el mismo vino al consumidor bajo dos denominaciones diferentes. Además, suponía un aprovechamiento de la reputación de Rioja porque tanto Rioja como Rioja Alavesa son marcas con notoriedad y protegidas por la normativa europea, lo cual induciría a error para el consumidor. Por otro lado, reflejaba que este nuevo nombre no existe en el conocimiento popular, ni un prestigio ni reputación previa ni una trayectoria, por lo que no cumple con las razones de ser de las denominaciones de origen», ha indicado Nalda.
«La misma zona geográfica natural, las mismas variedades de vid, las mismas prácticas agrícolas y enológicas no pueden dar lugar a dos denominaciones de origen distintas, sostiene el Ministerio, que entiende, y en ello también se apoya la sentencia, que no se justifica que ‘Viñedos de Álava’ tenga una existencia distinta de los vinos de Rioja Alavesa, ha añadido Nalda, quien ha resaltado que no habría ninguna distinción entre los vinos que se pretenden proteger con el nombre ‘Arabako Mahastiak -Viñedos de Álava’ y los vinos de Rioja Alavesa, integrados en la DOCa Rioja.
El Ministerio había incidido también en que hay una DOP preexistente previa, que se denomina ‘Arabako Txakolina’, con lo que señala que concurriría una homonimia parcial. De hecho, la Oficina de Patentes y Marcas denegó la solicitud de ‘Arabako Mahastiak -Viñedos de Álava’ que había solicitado previamente ABRA porque entendió que incurría en causas de nulidad.
En 2022, el Gobierno vasco concedió la protección nacional transitoria a ABRA antes de poder operar a nivel comunitario, a lo que el Consejo Regulador respondió con una medida cautelar para suspenderla. Fue entonces cuando se solicitó el segundo informe. El Consejo Regulador pidió a dos doctores de la Universidad de La Rioja exponer los potenciales efectos en la reputación de Rioja por la aprobación de la DOP y la concesión de la protección nacional transitoria. «Un informe con profundos razonamientos y que muestra el perjuicio generado sobre el valor de Rioja y el interés general. Esto llevó a la magistrada en 2023 a dictar un auto por el cual suspendió la protección nacional transitoria», ha recordado Nalda. La justicia, además, asegura que ni el Gobierno vasco ni ABRA han aportado «elementos o argumentos sólidos» que rebatan la postura del Consejo Regulador.
Lapuente ha insistido por ello en el «daño reputacional» ocasionado a lo largo de todo este proceso: «Esto no es un juego, hablamos de un valor patrimonial enorme que no solo compete a unos pocos. Son 14.000 titulares de viñedo, 600 bodegas embotelladoras, un gran impacto en la región y muy particularmente en Rioja Alavesa. Por eso es importante ese alineamiento de intereses. Ojala esto sea una llamada a la cordura para poner el foco en buscar esa prolongación del éxito y perdurabilidad económica y social».
