Es difícil aceptar con normalidad decisiones que, aunque se tomen desde la gestión administrativa, tienen un impacto profundamente humano tanto en las personas mayores como en sus familias.
Mi madre tiene 95 años y recibe atención domiciliaria diaria a través de un servicio gestionado por una empresa privada dentro de un contrato público del Ayuntamiento. Durante tiempo ha sido atendida por la misma profesional, con la que había establecido un vínculo de confianza esencial para su bienestar físico y emocional, algo fundamental en una persona en situación de especial vulnerabilidad.
Sin embargo, recientemente se nos ha comunicado su sustitución debido a una reorganización interna, sin diálogo, sin alternativas y cuando la decisión ya estaba tomada. La respuesta ante nuestra preocupación ha sido tan fría como repetida: «Es lo que hay».
Pero el problema va mucho más allá del cambio de profesional. Existe una falta de garantías estructural en el servicio: no hay continuidad real ni en el personal ni en los horarios, especialmente los fines de semana, donde la atención se reduce a mínimos que en muchos casos no permiten cubrir necesidades básicas, con medias horas insuficientes para levantar, asear o acostar a una persona dependiente. Esto deja además a muchas familias completamente desprotegidas, especialmente a quienes trabajamos también en fin de semana y no tenemos alternativa de cuidado.
A esto se suma un trato claramente mejorable hacia las familias, con respuestas bordes, poco empáticas y sin voluntad de acompañar cuando se pide información o explicaciones. Todo ello genera una sensación de desamparo y de maltrato institucional hacia quienes sostenemos el cuidado desde casa.
Y hay un elemento especialmente grave: la gestión de las llaves del domicilio. Entregar el acceso al hogar de una persona vulnerable exige confianza absoluta, transparencia y garantías claras sobre quién entra, en qué condiciones y con qué control. Sin embargo, esa seguridad no siempre está asegurada, lo que incrementa aún más la desconfianza de las familias.
Todo esto no solo afecta a la persona mayor, sino también a su entorno más cercano, que organiza su vida en torno a un servicio que debería ser estable y fiable, y que en cambio se percibe como cambiante y poco cuidadoso en su gestión.
Externalizar la atención a la dependencia no puede significar deshumanizar el servicio ni tratar a las personas —ni a sus familias— como si fueran intercambiables. El cuidado exige continuidad, respeto y responsabilidad.
Por todo ello, insto a las administraciones públicas competentes y a la empresa adjudicataria a revisar este modelo de gestión y estas prácticas concretas, garantizando estabilidad en la atención, condiciones dignas en los fines de semana, transparencia en el acceso a los domicilios y, sobre todo, un trato respetuoso hacia las familias.
Porque lo que está en juego no es un servicio cualquiera, sino la dignidad y la seguridad diaria de personas extremadamente vulnerables, y eso no puede seguir dependiendo de decisiones frías ni de respuestas como «es lo que hay».
*Puedes enviar tu ‘Carta al director’ a través del correo electrónico o al WhatsApp 602262881.
