El juicio señalado este miércoles en la Audiencia Provincial de La Rioja contra un grupo criminal de siete personas, acusadas de ser las presuntas autoras de delito continuado de inmigración ilegal, se ha aplazado a mediados de febrero de 2027 para tratar de alcanzar una sentencia de conformidad entre las partes.
Así lo ha detallado el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de La Rioja, precisando que la sesión plenaria se ha iniciado, pero las partes no han llegado a un acuerdo y quieren seguir hablando por si alcanzan finalmente un acuerdo.
En esta causa figuran cinco mujeres y dos hombres, naturales de Nicaragua y, con domicilios en Alfaro, Navarra y Huesca, como presuntas autoras de inmigración ilegal y coacciones continuadas con mujeres compatriotas a las que introducían ilegalmente en España y les cobraban deudas abusivas.
Según relata el fiscal, las dos principales acusadas, que eran hermanas y una de ella con domicilio en Huesca, conseguían que compatriotas entraran ilegalmente en España, inicialmente como turistas, con la idea de conseguir mejoras laborales en este país, para lo que les ayudaban con dinero.
Una vez en España, les retiraban el importe que les habían dado (unos 1.000 euros) para poder entrar como turistas y les generaban una deuda abusiva al cargarles sobreprecios en los billetes de avión, alojamiento o manutención.
Al margen del papel de estas dos acusadas, la función de los restantes era de auxilio y participación en la trama, para lo que ayudaban en el desarrollo de las distintas actividades de recepción de las personas, convivencia, control y cobro, y en su caso envío del dinero a Nicaragua por importes que alcanzan hasta los 25.000 euros.
Esta actividad de intermediación abusiva con sus compatriotas en la entrada ilegal en España se produjo con habitualidad por lo menos desde 2016/2017, lo que generó unos beneficios económicos extraordinarios, opacos fiscal y bancariamente.
El fiscal pide para los imputados penas de 15 meses de prisión por el delito continuado de inmigración ilegal, otros 15 por delito de grupo criminal y 21 meses por delito continuado de coacciones.
A la principal imputada, el Ministerio Público le acusa también de un delito de blanqueo de capitales, por el que le pide 18 meses de prisión y 40.000 euros de multa.
