El alcalde de Logroño, Conrado Escobar, ha dado nuevamente vagas explicaciones este lunes sobre el sistema de adjudicación de las viviendas de protección oficial (VPO) en marcha en la ciudad, marcado por las críticas a un modelo que permite a las promotoras privadas seleccionar a los adjudicatarios de las mismas.
Durante una intervención en Radio Rioja, Escobar se ha limitado a defender que el modelo actual «se ajusta a la normativa vigente» y ha restado importancia a las críticas. «No podemos echarnos las manos a la cabeza porque simplemente haya un pliego de condiciones y haya unos requisitos que establecen todas las garantías con arreglo a la norma de funcionamiento que está funcionando».
Sin embargo, el regidor no ha detallado aspectos clave como los criterios de selección de los adjudicatarios o el papel exacto de las promotoras privadas en el proceso. El alcalde sí ha insistido entonces en que las promociones responden a un modelo de iniciativa privada, en el que «son personas inscritas en el registro del IRVI y, posteriormente, las propias empresas las que realizan el reparto entre los potenciales compradores», una fórmula que ha generado dudas en la oposición por el margen que otorga a las constructoras.
Escobar ha avanzado nuevas promociones de vivienda protegida -como las previstas en la parcela de Bosonit o en la avenida de Burgos- y ha destacado proyectos como el de la Plaza de los Cuentos, donde las adjudicaciones se realizarán mediante baremación pública realizada, en este caso, por el Gobierno de La Rioja. No obstante, ha evitado profundizar en las diferencias entre ambos modelos.
Mientras tanto, el debate político se ha intensificado. El PSOE ha elevado este lunes el tono y ha solicitado la paralización inmediata de varias promociones. Su concejal, Iván Reinares, ha pedido que se «suspendan de manera cautelar las licencias» de las VPO de Fardachón y Portillejo al considerar que «el proceso de adjudicación está bajo sospecha de nulidad».
Reinares ha advertido de posibles irregularidades en los tiempos de adjudicación, al señalar que si las reservas se firmaron antes de la comunicación oficial del Gobierno regional, «no se ha cumplido con la Ley de Vivienda y por tanto no se pueden adjudicar». Por ello, ha exigido al Ayuntamiento que obligue a las promotoras a entregar los acuerdos de reserva.
El edil socialista ha sido especialmente crítico con el modelo impulsado por el Ejecutivo local, al que ha calificado de «sencillo y perverso», asegurando que se basa en «vender suelo público y barato y permitir que las constructoras elijan a dedo a los inquilinos». «El suelo es de todos, pero el beneficio y la adjudicación son privadas», ha denunciado.
Además, Reinares ha cuestionado la transparencia informativa del proceso, calificando de “estafa” la publicación de promociones en la web del Gobierno regional cuando, según sostiene, “los pisos ya están repartidos desde hace meses”. “Mientras el Ejecutivo intenta aparentar que informa, la constructora reconoce que el pescado ya está vendido”, ha añadido.
En este contexto, el Partido Popular ha salido en defensa de la gestión municipal y ha acusado al PSOE de basar su estrategia en “mentiras y engaños”, reivindicando las políticas impulsadas por el actual equipo de Gobierno en materia de vivienda. Sin embargo, más allá del cruce político, el foco sigue puesto en la falta de explicaciones detalladas por parte del alcalde sobre un modelo de adjudicación que continúa generando interrogantes.
