La situación política en Hervías ha saltado por los aires. Tras meses de malestar que se ha ido acumulando, vecinos y la plataforma local han decidido dar un paso al frente y denunciar públicamente lo que consideran un «caos institucional» en el Ayuntamiento. Hablan de irregularidades en la aprobación de los presupuestos municipales de 2026, de una creciente sensación de desgobierno y de un deterioro en la confianza hacia la gestión local. Todo ello, además, en un contexto ya de por sí delicado, marcado por la polémica en torno a dos proyectos de plantas de biogás: una ya rechazada y otra que avanza en su tramitación con un futuro que, según apuntan, podría ser similar.
El punto de inflexión ha sido la tramitación de unas cuentas que, según sostienen, nunca llegaron a votarse. La grabación del pleno celebrado el pasado 10 de noviembre, explican, demostraría que los presupuestos no fueron sometidos a aprobación. Sin embargo, el acta de esa sesión recoge lo contrario, lo que permitió su posterior publicación en el Boletín Oficial de La Rioja.
Frente a estas acusaciones, la alcaldesa, Elena Martínez, defiende su gestión. En declaraciones a NueveCuatroUno, asegura no entender la postura de la plataforma vecinal. «Todo lo que han ido pidiendo lo hemos hecho; solo queda la auditoría, que está en proceso, porque no tengo nada que ocultar», afirma. Martínez insiste en que siempre ha actuado buscando «lo mejor para el municipio» durante sus años al frente del Ayuntamiento y recuerda que una de las peticiones vecinales, la salida del secretario municipal, ya se ha materializado. Sobre los proyectos de biogás, explica que el primero fue descartado y que el segundo «parece que va por el mismo camino».
Pese al malestar por las críticas, la alcaldesa se muestra sorprendida por la situación. «Mi pueblo me conoce y sabe cómo soy, pero no me puedo creer lo que está pasando», admite.
Mientras tanto, la plataforma vecinal mantiene su versión de los hechos y eleva el tono de sus denuncias. Aseguran que existe un escrito firmado por la propia alcaldesa en el que se reconoce que los presupuestos no se aprobaron, lo que, a su juicio, agrava aún más la situación. Además, cuestionan la explicación sobre el uso de la firma en los trámites administrativos. «Si a una alcaldesa le usurpan la firma y no actúa de inmediato, algo falla», resumen, señalando una falta de control y liderazgo en el Consistorio.
El último pleno, celebrado el 16 de marzo, no ha hecho sino aumentar la tensión. Según relatan los vecinos, en esa sesión se dio por aprobada el acta de noviembre sin aclarar las dudas existentes. Pero fue el desenlace lo que terminó de encender los ánimos: varios concejales y el secretario abandonaron la sala antes de que concluyera oficialmente el pleno, justo cuando comenzaba el turno de ruegos y preguntas. La alcaldesa también se refiere al polémico final del último Pleno, en el que varios concejales abandonaron la sesión antes de tiempo: «Yo no me fui y pedí al resto que no lo hiciera. No me pareció bien, pero no podía retenerlos».
Para muchos asistentes, ese momento fue especialmente significativo. «Fue muy tenso, pero también muy revelador», explican, al considerar que evidenció una desconexión total entre el equipo de gobierno y la ciudadanía.
Más allá del plano político, la plataforma advierte de que esta situación ya tiene consecuencias tangibles. Denuncian la pérdida de subvenciones para la instalación de placas solares en edificios municipales, algo que consideran especialmente llamativo en un municipio que cuenta con parque fotovoltaico propio. También alertan de retrasos e impagos a asociaciones locales.
Con este escenario de fondo, los vecinos han decidido movilizarse. Han convocado una concentración para este sábado, 21 de marzo, a las 12:30 horas en la plaza del Ayuntamiento, con la intención de reclamar transparencia, explicaciones y un cambio en la gestión municipal.
La protesta, aseguran, será pacífica, pero nace de un «hartazgo evidente». Entre sus principales exigencias está que se cumpla el compromiso adquirido por la alcaldesa en junio de 2025 de realizar una auditoría externa e independiente que permita conocer el estado real de las cuentas.
