CSIF ha asegurado que la administración de la Comunidad Autónoma de La Rioja tiene unas 264 plazas que están sin cubrir, pero que están dotadas económicamente, lo que supone un 10 por ciento de la plantilla, por lo que ha exigido que se cubran con carácter inmediato.
El sindicato ha añadido que se trata de un dato relevante, ya que el problema para solucionar la escasez de personal y la sobrecarga que existe en la administración autonómica no es la falta de presupuesto porque este gasto está aprobado en los Presupuestos de la Comunidad Autónoma.
Ha considerado que es la «inoperancia» de los gestores de los recursos humanos del Gobierno de La Rioja lo que impide y bloquea la incorporación desde las listas de espera; así como la promoción interna de la plantilla a puestos de superior responsabilidad, cuyas funciones desempeñan, pero con sueldos de inferior categoría.
«Esta falta de personal origina una sobrecarga insoportable que se convierte en norma», según CSIF, que cree que no en excepción, dado que cada plaza no cubierta supone mas expedientes por trabajador, mas presión diaria, menos capacidad de respuesta y que los ciudadanos no reciban una atención por parte de la Administración de la calidad que merecen.
También contribuye a que «La Rioja sea una comunidad menos competitiva y atractiva para la recepción de inversiones y el desarrollo de la región», ha indicado.
Además, ha recordado que, el pasado 11 de febrero, relatado que la administración Autonómica tenía mas de 760 plazas sin cubrir de su relación de puestos de trabajo, a lo que hay que sumar estas 264 plazas que están dotadas económicamente pero sin cubrir.
Esto supone que más de 1.000 plazas del mínimo que la Administración considera necesarias para el normal funcionamiento de su trabajo que no están ocupadas , lo que evidencia un grave problema de gestión del personal, ha dicho.
También ha señalado que, en 2024, se quedaron sin ejecutar más de 9 millones de euros en gasto de personal, que, sumados a estos 8,5 millones de coste estimado de estas 264 plazas, supone que hay «17,5 millones de euros públicos que la Administración riojana debería explicar a qué se han destinando».
