Las cifras ya están sobre la mesa. El Gobierno de La Rioja plantea primas de entre 4.000 y 6.000 euros por hectárea para el arranque voluntario de viñedo. Un importe que, en cualquier caso, viene «limitado por Europa y que responde al coste de arranque más una campaña en blanco». Así lo avanza la consejera de Agricultura, Noemí Manzanos, en una entrevista en Diario La Rioja.
La financiación para este arranque voluntario saldría, como otras medidas de apoyo al sector, de los fondos europeos de la Intervención Sectorial Vitivinícola (ISV), de los que España recibe 202 millones de euros al año. El llamado ‘paquete vino’ aprobado en Europa (pendiente de la publicación de los reglamentos a principios de marzo) incluye el arranque como una nueva medida de crisis, pero para que dicha práctica tenga una partida concreta, el Ministerio debe modificar el real decreto nacional de aplicación del ISV. Además, con esta nueva legislación los estados podrán aportar un 30 por ciento de fondos propios.
La consejera asegura que su Ejecutivo está dispuesto a hacerlo y que, «si se quiere», se puede llegar a tiempo para que los viticultores que lo deseen puedan solicitar el arranque este mismo año, con cargo a los presupuestos de 2027. Sin embargo, apela también al compromiso del MAPA para que asuma otra parte de ese 30 por ciento.
Dicha cuantía que se baraja para financiar el arranque voluntario, similar a la planteada por Francia para este ejercicio (el pasado 6 de febrero el país galo abrió la convocatoria del plan nacional de arranque, dotado con 130 millones de euros y una prima de 4.000 euros por hectárea), ha sido recibida con disparidad de opiniones por parte de las organizaciones profesionales agrarias. ARAG-ASAJA valora «positivamente» la implicación del Gobierno regional a través del compromiso expresado por la consejera Noemí Manzanos. «Pero necesitamos ese mismo compromiso del Gobierno central. Antes de que se confirme la propuesta de Europa, sería aventurado hablar de una cifra, pero sí tenemos claro que debe servir para que la persona que lo desee pueda abandonar el sector con dignidad», remarca Igor Fonseca, secretario general de esta organización.
Desde la UAGR-COAG, por su parte, inciden en que «se ha demostrado que el problema no es la sobreproducción, sino las malas políticas adoptadas». En caso de que se llegue al arranque, desde este sindicato insisten en que «la ayuda, como toda subvención pública, ha de ir a los profesionales que están atravesando dificultades que, en este caso, son los viticultores profesionales». En UPA La Rioja no entran a valorar si la cuantía es suficiente o no: «Lo que tiene que ser es realidad y, sobre todo, que no se fijen muchos requisitos para que pueda acogerse a la medida todo aquel que lo necesite y que será aquel que no haga rentables sus viñas. Nadie va a arrancar algo rentable, sea viñedo viejo o joven, y si se teme que se vaya a arrancar más viña vieja lo que deberían hacer es pagar esa uva, lo cual indicará que es un factor de calidad. De hecho, llevamos años arrancando viñas viejas porque las bodegas no pagan sus uvas como se supone que deberían hacerlo con la calidad que tienen».
Años arrancando viñedo viejo para convertirlo en cepas jóvenes, fruto también de las ayudas a la reestructuración y reconversión de viñedo que desde 2020 han recibido solicitudes para cerca de 2.800 hectáreas. Unas ayudas donde también se incluye la práctica del reinjerto y se favorece la replantación de variedades tintas a blancas, especialmente a partir de 2024. Ya en 2025 la Consejería recibió solicitudes para la replantación de unas 560 hectáreas de tinto a blanco, mientras que las correspondientes a reinjerto fueron unas 70.
Esta ha sido una de las alternativas por las que ha apostado parte del sector productor, a veces incluso después de haberse acogido a las ayudas a la cosecha en verde en anteriores campañas (que carece de partida propia, sino que está financiada con el sobrante de la ISV). En este caso, ya hay una propuesta de resolución sobre la nueva convocatoria para la retirada de racimos verdes y a la que se acogerá La Rioja (por cuarto año consecutivo). Un borrador sobre el que el MAPA propone un presupuesto de 16,5 millones de euros a repartir entre las comunidades solicitantes.
Sin embargo, en casos más puntuales (que cada vez van tornándose más habituales), algunos propietarios de viñedo han cejado de su actividad y han dejado en el olvido algunas parcelas. Aquellas, por lo normal, menos rentables, especialmente a la hora de comercializar esas uvas (al menos, a un precio digno). En el conjunto de la DOCa Rioja son ya cerca de 400 hectáreas las que ya no se podan, no se labran, no se tratan,… 400 hectáreas abandonadas por la incapacidad de ir a la par con las demandas del mercado y la falta de un relevo que, o bien no existe, o desiste de continuar con un esfuerzo que no da recompensa.
