Siete comunidades autónomas han consensuado un documento en el que anuncian la presentación de una denuncia ante la Comisión Europea por los incumplimientos del Gobierno de España de la legislación comunitaria con el lobo.
El documento lo han presentado en Santander, donde se han reunido los representantes de los Gobiernos autonómicos con competencias en la gestión del lobo de Cantabria, País Vasco, Galicia, La Rioja, Aragón, Madrid y Castilla y León para abordar el impacto de la especie en sus territorios.
La consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de La Rioja, Noemí Manzanos, ha asegurado que «el lobo en el norte de España es un problema del que las administraciones públicas no podemos desentendernos. La Rioja no se resigna, y seguirá trabajando con todas las herramientas que tenga a su alcance, y de forma consensuada con el resto de las comunidades afectadas, para restablecer el equilibrio y una gestión controlada de la especie».
En este escrito también solicitan al Gobierno de España que remita de forma urgente el informe sexenal de todas las especies y hábitat informado por la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad celebrada el día 16 de julio de 2025, de acuerdo con el artículo 17 de la Directiva Hábitat y que, previamente, lo eleve a la Conferencia Sectorial para su aprobación. Asimismo, piden que se transfiera a las comunidades los fondos establecidos en la Estrategia Nacional de Conservación y Gestión del Lobo y que figuran en los Presupuestos Generales del Estado prorrogados.
El lobo en La Rioja, una especie en expansión
«Los datos avalan la expansión del lobo en La Rioja desde su incorporación en el LESPRE (Listado de Especies Silvestres en Régimen Especial) con un 50 por ciento más de individuos», ha afirmado la consejera. El último censo de población elaborado en la comunidad constata además, que «se han multiplicado por 5 el número de municipios con presencia evidente de lobo, por 3 los ataques, y por 2, tanto el número de explotaciones ganaderas afectadas como de animales indemnizados por los ataques».
Ante esta realidad, «avanzamos en resolver la problemática del lobo a medida que se nos abren puertas, superando procesos y trámites judiciales», ha explicado Noemí Manzanos. Así, ha recordado que, desde abril de 2025 con la exclusión del lobo del LESPRE, el Ejecutivo riojano ha aprobado todas las modificaciones legislativas necesarias y también ha trabajado en la defensa jurídica –ante el TSJ de La Rioja y el Tribunal Constitucional- para que se mantenga el actual estatus del lobo como especie cinegética.
«Es una situación muy difícil de explicar a los ganaderos. Afortunadamente para esto, somos una región pequeña y mantenemos un contacto directo con los ganaderos y estas últimas semanas hemos podido reunirnos con asociaciones de las zonas más afectadas por los daños (Alto Najerilla, Camero Nuevo o Sierra de Cebollera). Les hablamos de tribunales, medidas cautelares… mientras ellos no transmiten su desesperación, hartazgo y el sufrimiento que les causa encontrar su ganado muerto», ha expuesto la consejera. Y esta situación, ha evidenciado, la avalan también los datos porque “la cabaña ganadera se ha reducido en un 25 por ciento en estas zonas».
Noemí Manzanos ha lamentado que «cada día hay menos ganado y menos ganaderos de extensivo, es complicado lograr un relevo generacional y el mantenimiento de los pueblos de la sierra está en peligro». Los daños ocasionados por el lobo, ha apuntado, «pueden parecer testimoniales vistos en el conjunto de la Unión Europea, pero si nos focalizamos en las zonas que sufren los ataques es cuando vemos la dimensión del problema».
A este respecto, la UE modificó la Directiva Hábitat para rebajar la protección del lobo y «todas las comunidades trabamos en esa misma dirección, pero el Ministerio no acompaña ni vemos que tenga intención de poner en marcha ninguna medida», ha lamentado la consejera riojana.
El pasado julio se suspendió la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente en la que se debía aprobar el informe sexenal sobre el estado de conservación de la especie para ser remitido a la Comisión Europea antes de finalizar el mes de julio. «Conocimos a través de los medios de comunicación que se había pedido una prórroga para poder enviarlo a final de 2025, pero no nos consta, y sabemos que no lo ha hecho porque la Ley obliga a su aprobación en la Sectorial y no se ha vuelto a hablar de este tema».
En la reunión de Santander, junto a Noemí Manzanos han participado la consejera de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación de Cantabria, Mª Jesús Susinos; la consejera de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca del País Vasco, Amaia Barredo; la consejera de Medio Ambiente y Cambio Climático de la Xunta de Galicia, Mª Ángeles Vázquez Mejuto; el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suarez-Quiñones, el consejero de Medio Ambiente, Agricultura y Ordenación del Territorio de Madrid, Rafael García.
Especie cinegética
El Gobierno de La Rioja va a continuar apoyando la posición que comparten los territorios al norte del Duero afectados por daños de control del lobo, porque se sostiene en criterios científicos y objetivos, que han puesto en evidencia la recuperación de las poblaciones y el aumento de los ataques al ganado.
Por ello, desde el inicio de la legislatura ha trabajado para modificar el estatuto legal y revertir la sobreprotección que se otorgó a la especie al incluirla en el LESPRE en los territorios al norte del Duero en septiembre de 2021, con el fin de restablecer el equilibrio con una gestión controlada de la población y garantizar la convivencia entre la ganadería extensiva y el lobo.
En marzo, el Congreso de los Diputados dio luz verde a la salida de lobo del LESPRE, pero era necesario modificar la normativa vigente en la Comunidad Autónoma. A comienzos de 2025 empezó a tramitar la modificación de la Ley de Biodiversidad y Patrimonio Natural de La Rioja con la que el lobo dejaba de ser especie de protección especial también a nivel autonómico, y el pasado 22 de mayo el Parlamento de La Rioja aprobó esta modificación.
