La Audiencia Provincial de La Rioja ha suspendido el juicio señalado para este lunes contra los cuatro miembros de un clan familiar acusado de varios delitos relacionados con el tráfico de drogas, principalmente de heroína, en el barrio logroñés de Varea.
El procedimiento, que queda aplazado hasta el 26 y el 27 de mayo, ha quedado suspendido debido a los problemas de salud de uno de los acusados, que ha muerto el mismo día del inicio de la vista oral del juicio, tras pasar varios días recibiendo cuidados paliativos. Durante los últimos días de su vida su mujer y sus dos hijos -también acusados en la presente causa- han tenido que hacerse cargo de sus cuidados.
Los hechos por los que la Audiencia Provincial juzga a estas cuatro personas -dos padres y dos hijos, tres de ellos con antecedentes- se remontan a varios meses de primavera y verano de 2019. El fiscal, en su escrito de acusación, sostiene que los acusados suministraban desde su domicilio de Varea heroína y cocaína a distintas personas.
Se apoya para esta tesis en las investigaciones policiales en las que se comprobó que entre finales de mayo de 2019 y julio de ese año diferentes personas salían de ese domicilio y tras ser paradas por la Policía se les encontraron diferentes cantidades de heroína. El valor de la droga intervenida a los supuestos compradores de los acusados asciende a algo más de 450 euros.
Al lado de la vivienda donde habitan los acusados, en el mismo rellano, se localizó un piso que se encuentra desocupado desde 2017 cuando falleció su propietaria; la heredera de esta autorizó un registro policial, por la sospecha de que era utilizado por los acusados para esconder diferentes efectos. En el registro se encontró un arma corta y varios cartuchos, sin que ninguno de los acusados tuviera licencia para ella.
Además de unos 80 gramos de cocaína en tres paquetes -uno de ellos con huellas de un acusado-, otros 23 gramos de cocaína en otro envoltorio; otros tres con 130 gramos de heroína; esta sustancias hubiesen alcanzado en el mercado ilícito un valor de más de 6.800 euros, en el caso de la cocaína, y 13.381 euros la heroína.
En el domicilio de los acusados se había realizado el corte de suministro de energía eléctrica, por falta de pago, en el verano de 2018, pero se comprobó que el inmueble tenía electricidad porque se había realizado un enganche al contador; la cuantía del suministro eléctrico defraudado llegó casi a 1.500 euros.
El fiscal acusa a los componentes de esta familia de un delito contra la salud pública, otro de tenencia ilegal de armas, un tercero de defraudación del suministro eléctrico y también otro de integración en banda criminal para la comisión de un delito grave.
Por ello pide para cada uno de ellos cinco años de prisión por el tráfico de drogas, dos por la tenencia de armas y otros dos por pertenencia a grupo criminal; además les reclama a cada uno una multa de 1.440 euros por el fraude eléctrico.
