Un grupo de mujeres usuarias y ex usuarias del piso para madres jóvenes gestantes de Logroño ha decidido romper su silencio para denunciar lo que describen como «una situación continuada de malos tratos, presión psicológica y vulneración de derechos dentro del recurso». Las denunciantes solicitan mantener su identidad protegida, ya que algunas de ellas continúan residiendo en el piso y temen represalias.
Según explican, la decisión de hacer pública su situación llega tras años de miedo y silencio y gracias al apoyo de profesionales externos que las animaron a unirse y poner por escrito su testimonio. «Durante mucho tiempo nos hemos sentido solas, viviendo en una sombra de la que cuesta salir», relatan.
Las mujeres subrayan que su denuncia nace desde una dimensión profundamente humana. Recuerdan que son madres jóvenes, algunas españolas y otras extranjeras, todas intentando ofrecer un futuro mejor a sus hijos, y pese a no contar siempre con estudios elevados o una forma perfecta de expresarse insisten en que esa realidad no debería restarles dignidad. «Sentimos, sufrimos y también merecemos respeto».
Las denunciantes explican que llegaron al recurso desde situaciones muy diversas: conflictos familiares, ausencia de red de apoyo, precariedad económica o la necesidad de un entorno seguro para criar a sus hijos. Reconocen la importancia de este tipo de pisos para muchas mujeres, pero advierten de que «lo que ocurre dentro no siempre es justo» y que la experiencia vivida ha tenido un fuerte impacto emocional.
«No son las normas, sino cómo se aplican»
El principal foco de la denuncia se sitúa en el trato recibido por parte de la coordinadora del recurso. Según señalan, el problema no estaría en la existencia de normas, sino en la forma en que se aplican. Tal y como explican, «no es que incumpla las normas, es que las usa para maltratarnos y manipularnos».
Varias de estas madres aseguran haberse enterado de la existencia de un grupo de WhatsApp entre responsables en el que, presuntamente, se realizaban burlas y comentarios despectivos tanto hacia usuarias como hacia educadoras, incluyendo motes y chistes relacionados con sus vidas personales o su forma de ser. Descubrir este tipo de comportamientos «resulta especialmente doloroso, ya que esperan de quienes gestionan un recurso social un mínimo de empatía y profesionalidad».
El trato hacia algunas usuarias es descrito como especialmente duro. Las madres denuncian que con frecuencia se les recuerda quién ostenta la autoridad, no con un objetivo organizativo, sino de una forma que las hace sentirse anuladas y sin capacidad de opinar o decidir sobre su propia vida. Según relatan, se imponen decisiones que afectan a su intimidad, a sus rutinas diarias e incluso a su relación con sus hijos, sin que se tenga en cuenta la situación individual de cada mujer ni se les ofrezca un espacio real de escucha.
Entre los episodios más graves que relatan figuran situaciones en las que alguna de ellas tuvo que acudir sola al hospital en pleno parto tras un conflicto con la coordinadora. «Momentos que deberían ser de acompañamiento y tranquilidad se han convertido en situaciones de angustia».
«Amenazas y tensión constante»
Otra de las situaciones que más malestar genera es la intromisión en la vida privada. Las denunciantes aseguran que se han producido entradas en habitaciones y revisiones de objetos personales sin previo aviso ni consentimiento. Aunque reconocen que pueden existir controles obligatorios, denuncian que estos se utilizan como medida de presión y de forma humillante, especialmente en momentos de extrema vulnerabilidad. «Juega con los permisos, con la comida, con todo. Y cuando dependes de un recurso así, el miedo es terrible».
El grupo también denuncia amenazas verbales relacionadas con la posible retirada de la custodia de los hijos, un extremo que, según subrayan, la coordinadora no tiene capacidad legal de ejecutar, pero que se utiliza como mecanismo de control. Estas amenazas, aseguran, «generan una tensión constante en un entorno que ya es de por sí delicado».
Las madres también ponen el foco en la convivencia diaria, que describen como compleja debido a la situación personal de muchas de ellas: embarazos, bebés recién nacidos, falta de descanso y trayectorias vitales marcadas por la dificultad. En lugar de aliviar ese contexto, denuncian que la forma de gestión agrava la tensión. «Un recurso que debería funcionar como un espacio de apoyo, tranquilidad y transición hacia una vida más estable acaba, en algunos casos, con el desgaste emocional de mujeres que ya llegamos con una carga de dolor previa».
Tras el parto, según relatan, la situación no mejora. Denuncian que, pese al agotamiento físico y emocional del posparto, se les exige asistir obligatoriamente a talleres diarios y retomar tareas domésticas sin que se tengan en cuenta su estado de salud o el de sus bebés.
En cuanto al equipo educativo, las denunciantes destacan que muchas educadoras les han brindado apoyo, pero aseguran que también ellas trabajan bajo presión. Afirman haber presenciado desacreditaciones, denuncias internas y un clima de miedo que limita su capacidad de actuación y genera una alta rotación del personal.
Las mujeres aseguran haber trasladado estas situaciones al Centro Asesor de la Mujer, sin que hasta el momento se hayan producido cambios visibles. Esta falta de respuesta institucional les genera una profunda sensación de desprotección. «Uno llega a no saber qué es normal y qué no, porque te lo hacen todos los días». Esa dinámica termina provocando sentimientos de culpa. «Llegamos a pensar que las culpables éramos nosotras».
Sin irregularidades
El Gobierno de La Rioja no ha detectado ninguna irregularidad en el servicio. La Consejería de Salud sólo habría recibido hace una queja por parte de una usuaria, tras lo que solicitó el informe correspondiente y se concluyó que se siguieron en todo momento los protocolos internos sin apreciarse indicios de mal funcionamiento. Por ello, la queja se considera resuelta.
