La Ronda Sur de Logroño está prácticamente finalizada, pero hace apenas unos días se activó la cuenta atrás para el largo año que habrá que esperar hasta ver a los vehículos circulando a través de ella. Pero no solo los retrasos han marcado la crónica de esta vía, configurada como la futura A-68 una vez se libere el tramo riojano de la AP-68 (el 11 de noviembre de 2026). La sospechosa adjudicación de las obras y sus conexiones con la trama del ‘Caso Koldo’ continúa sumando capítulos.
El último de ellos remite al oficio que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha remitido recientemente al Tribunal Supremo, que instruye la causa que implica al ex número 2 del PSOE, Santos Cerdán; al exministro de Transportes, José Luis Ábalos, y a su polémico asesor, Koldo García.
El informe de la UCO señala que Servinabar, la empresa asociada a Cerdán, obtenía «el 2 por ciento neto» de las adjudicaciones que consiguió junto a Acciona Construcción, al tiempo que especifica que este reparto de mordidas era una «operativa común» en los chanchullos de la trama.
De hecho, destaca que esta forma de proceder representaba la «principal fuente de ingresos» de la empresa navarra, hasta el punto de que esos proyectos representan el 75,33 por ciento «de los abonos percibidos» por Servinabar, sociedad de la que Cerdán posee presuntamente el 45 por ciento.
La relación entre las referidas empresas «estaría articulada personalmente” por Santos Cerdán, Joseba Antxon Alonso (su socio en Servinabar) y Justo Vicente Pelegrini (directivo de Acciona). La UCO sospecha que Acciona y Servinabar podrían haberse concertado, con la decisiva participación de terceras personas, «en la ilícita consecución de adjudicaciones de obra pública». Y precisa que la relación entre estas empresas «estaría articulada personalmente» por Alonso, Cerdán y Pelegrini, todos ellos investigados en la causa, el ultimo a raíz de este último informe.
Los investigadores han detectado reuniones de Pelegrini con Antxón, en alguna de ellas con Cerdán presente, y apuntan que tomaban «medidas de seguridad como comunicarse mediante anotaciones manuscritas mostradas en la pantalla mediante videoconferencias».
Entre esos contratos que rubricaron destaca, precisamente, el de la Ronda Sur de Logroño por un importe de 111,8 millones de euros. Un montante, por cierto, cuyo 2 por ciento (2,23 millones de euros) se aproxima mucho a los 2 millones de euros que percibió Servinabar tras el «bingo» en Logroño: 1,01 millones en 2021, 355.683 euros en 2022, 435.352 en 2023 y 152.331 en 2024.
El cobro de mordidas en la adjudicación no es el único borrón que afecta a la principal vía de comunicación proyectada sobre suelo riojano -con permiso de la A-12, también bajo la lupa de la UCO- en lo que va de siglo. La adjudicación de la Ronda Sur data de 2019 y fijaba un plazo de 44 meses para la finalización de los trabajos. Dicho de otro modo, la futura A-68 debería haber entrado en servicio en el verano de 2023, pero las máquinas continúan con su puesta a punto aún en la actualidad. Unos plazos que se dilatan prácticamente al mismo ritmo que el presupuesto asignado al proyecto, que ronda los 60 millones de euros en sobrecostes.
En estos momentos, la Ronda Sur presenta un avance superior al 90 por ciento. Las cuadrillas trabajan en el aglomerado, la conexión fina entre enlaces y la costura con las grandes arterias: N-232, A-12, LO-20 y el tronco de la futura A-68. La prioridad: dejarlo todo listo para que, cuando la autopista se libere, el tráfico pueda saltar sin traqueteos a un esquema de accesos más lógico, seguro y libre de peajes.
Quedan por resolver tareas que dependen directamente de la caída de éstos: demoler las playas de cobro, reconfigurar tramos y activar algunos movimientos definitivos de tráfico. Hacerlo antes implicaría montar peajes provisionales durante apenas dos años, un sinsentido económico y operativo. Por eso, aunque algunos enlaces puedan quedar listos antes, no se abrirán hasta que la AP-68 sea libre.
