El Ayuntamiento de Calahorra ha puesto el foco en su padrón municipal después de vivir, durante el primer semestre de 2025, un incremento de empadronamientos de personas extranjeras que el Ayuntamiento califica como «desbordado». Y es que, entre enero y junio, la ciudad registró 1.762 nuevas inscripciones de ciudadanos de origen extranjero, pasando de 5.036 empadronados a 6.798 en solo seis meses. Con el paso de los meses, esas cifras han descendido casi en la misma proporción ya que a principios de noviembre la cifra se había reducido, de nuevo, a 5.284. Un ascenso demográfico que el Ayuntamiento interpreta como la prueba de un ‘efecto llamada’, aunque reconoce que no puede explicar qué motivó la rápida caída posterior que deja las cifras en datos similares a los de principio de año.
En este ambiente de dudas, el Ayuntamiento ha decidido moverse. Con un margen de maniobra limitado -«muy limitado», insisten- se han impulsado varios cambios internos que ya llevan tres semanas en marcha. El primero afecta directamente al proceso de empadronamiento. Hasta ahora, muchos se resolvían casi en el acto. Sin embargo, esa práctica ha quedado atrás: el trámite pasa a tener un plazo de entre tres y quince días. Durante ese tiempo, la responsable del padrón y el personal de la Oficina de Atención al Ciudadano revisan cada caso, comprueban la documentación y verifican la información aportada.
Además, se modifica uno de los requisitos habituales. Hasta hace poco bastaba con presentar un resguardo del contrato de alquiler; a partir de ahora, se exigirá un justificante de transferencia bancaria como prueba más sólida del pago del alquiler de la vivienda. Una medida que, según fuentes municipales, busca reducir riesgos de fraude y ganar «seguridad jurídica» en los expedientes.
La alcaldesa, Mónica Arceiz, no ha escondido su malestar con el marco legal nacional que regula el padrón. La Resolución de 17 de febrero de 2020 obliga a los ayuntamientos a empadronar a cualquier persona que pueda acreditar su identidad con documentación válida, sin importar si su situación administrativa en España es regular o no. Y es aquí donde Arceiz ha lanzado la crítica más dura: «Es intolerable».
La regidora ha explicado que el padrón es «la llave de entrada a todo: educación, sanidad, servicios sociales, ayudas…». Y ha criticado al Gobierno central: «Ellos abren la puerta y los ayuntamientos pagamos la factura». En su opinión, esos derechos deberían reservarse a quienes «entran legalmente en el país».
La situación ha coincidido con el anuncio de Vox de presentar una moción para exigir controles más rigurosos en los empadronamientos. Su portavoz, Maite Arnedo, defendía hace una semana que el padrón es la puerta a diversas ayudas y que el Ayuntamiento debe comprobar con más cuidado la autenticidad de los documentos. El equipo de gobierno, finalmente, ha asumido parte de esta línea argumental.
Paralelamente, se han endurecido los requisitos para acceder a las ayudas de emergencia social. Si el año pasado se pasó de seis meses a un año de empadronamiento, ahora serán necesarios dos. La medida busca priorizar a quienes llevan más tiempo en la ciudad, en un contexto donde está creciendo la “nueva pobreza”: personas con trabajo que aun así no pueden pagar alquiler, luz o calefacción.
